Más de 300.000 firmas recogidas por la Federación de Enseñanza de USO han llegado hasta el Congreso de los Diputados. Los centros de Educación Especial han sido el principal lugar de recogida de estas firmas.
FEUSO ha invitado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a que estuviesen presentes en la concentración previa a la entrega. Los secretarios generales de la Federación estatal y de la Comunidad de Madrid, junto con los representantes de la Plataforma “Educación Inclusiva sí, Educación Especial también”, se entrevistaron con los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos, que han mostrado interés por esta campaña y por el alcance de las medidas que, sobre estos centros de Educación Especial, contiene el Proyecto de Ley del anterior Gobierno socialista.
Durante la concentración, intervino Antonio Amate, secretario general de FEUSO, ha afirmado que “bajo esta medida, que ni se ha consensuado con las familias, los centros, el profesorado y los especialistas, lo que se pretende es vaciar de alumnos los llamados colegios de Educación Especial (Centros educativos específicos para Alumnos con Necesidades Especiales Asociadas a un determinado tipo de Discapacidad) para después provocar la paulatina eliminación de esta modalidad educativa”.
Libertad de elección
Ha recordado que FEUSO y otros colectivos defienden la compatibilidad de las dos modalidades: la Educación Inclusiva y la Educación Especial: “Muchas familias desean poder elegir una atención más especializada, profesional y personalizada para sus hijos. Y entienden que la “discriminación” solo existe si no se les permite elegir entre diferentes opciones educativas. La imposición de un único modelo educativo por la fuerza no es de recibo en una sociedad abierta y plural”.
Por último, ha recordado que “los trabajadores y profesionales de los centros de Educación Especial se sienten minusvalorados, ofendidos y agredidos en su dignidad ante la falta de reconocimiento por el importante trabajo social y educativo que realizan”.
Con estas firmas quieren mostrar su “rechazo” a las medidas que aparecen en el Proyecto de Ley, porque suponen un atentado contra la libertad de las familias y la profesionalidad de los docentes y especialistas. Por su parte, Juan Torija, de FEUSO-Madrid, pidió un mayor diálogo entre el gobierno y la sociedad civil y un mayor consenso.
