ACADE ve un «contrasentido» que una deducción por gastos educativos se emplee en pagar centros infantiles no autorizados

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza  Privada (ACADE) expresó este miércoles su preocupación ante la decisión adoptada por la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados en relación con la deducción de 1.000 euros contemplada en la Ley General de Presupuestos para gastos educativos en centros privados 0-3 años.

En España hay unos 5.100 Centros de Educación Infantil Privados 0-3 años, que ACADE representa y que dan empleo directo o indirecto  a unos 50.000 profesionales, en un 90 por ciento mujeres jóvenes con titulación superior. Acogen a alumnado de más de 205.000 familias, que son la mitad de los escolarizados en este segmento de edad.

Para ACADE, sería un «contrasentido» que una deducción fiscal para gastos educativos se pueda emplear «en el pago de centros que no lo son, porque simplemente no reúnen las muy estrictas condiciones exigidas para serlo».

ACADE defiende la desgravación fiscal para gastos educativos, tal como establece la Ley General de Presupuestos, pero no concibe que el Congreso o el Senado adopten medidas que avalen a establecimientos que no imparten educación al no contar con la autorización oportuna para realizar dicha actividad. «La deducción fiscal promueve la escolarización 0-3 y las guarderías son establecimientos que no escolarizan, al no tener la autorización para ello», recuerda en un comunicado.

Apunta, así mismo, que los Centros de Educación Infantil necesitan autorización autonómica porque son las autonomías las que tienen la competencia educativa. La deducción de 1.000 euros es, precisamente, una deducción sobre gastos educativos en que puedan incurrir las familias cuando escolarizan a sus hijos más pequeños. Por ello, subraya ACADE, «carece de sentido que una deducción fiscal pensada para gastos educativos se pueda emplear en el pago de establecimientos que no tienen tal condición».

Para esta asociación, «cualquier tipo de establecimiento empresarial precisa de la licencia municipal para su funcionamiento, sea un bar, un comercio o un taller. Pero si se trata de un Centro de Educación Infantil precisa obligatoriamente la autorización de la administración autonómica».

Los centros que carecen de tal autorización, recuerda ACADE, «no son centros educativos, son establecimientos con una autorización municipal para ejercer una actividad distinta a la educativa, por tanto, estamos hablando de establecimientos con una autorización municipal de uso no educativo y que en ocasiones están ofertando y ejerciendo como centros educativos sin serlo, sin tener ningún control para tal actividad (condiciones de espacios, seguridad sanitaria y alimentaria, certificado negativo de delitos sexuales, etc.)».

«Otra cosa es que se denominen de manera que induzcan a las familias a confusión, a través de publicidad engañosa, y crean que están llevando a sus hijos a Centros de Educación Infantil Autorizados, cuando no lo son y por ello no pueden beneficiarse de una deducción fiscal prevista para gastos educativos, pues no cumplen el requisito esencial de ser centros educativos», se agrega en el comunicado.

ACADE lamenta que se quiere presentar la obligación de la autorización autonómica como una mera cuestión burocrática o de «papeleo», pero no es así. Para obtener la autorización de la Autonomía es preciso ser «Centro de Educación Infantil», y para ello hay que cumplir una serie de condiciones que varían según la autonomía, pero que en todo caso son muy estrictas, dado lo vulnerable del colectivo de alumnos que se escolarizan, explica.

Estas condiciones establecen, entre otras cuestiones, el número mínimo de maestros y educadoras por número de alumnos, la titulación mínima exigida para cada puesto profesional, medidas en función del uso del espacio, el cumplimiento de medidas de higiene y seguridad, y hasta la carencia de antecedentes penales de los empleados en materia de delitos sexuales.

Cumplir todo ello, incluyendo el convenio colectivo del sector, «es realmente muy costoso, y si hubiera otras empresas que sin esta autorización pueden beneficiarse de deducciones para gastos educativos, estaríamos ante un claro escenario de competencia desleal y de un gran riesgo para sus usuarios, al tratarse de una actividad sin control de las autoridades competentes para el ejercicio de la actividad educativa», concluye el comunicado.

 

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