AESECE explica en la «infrafinanciación» estatal de la concertada el cobro «legal» de cuotas

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La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (AESECE), asociación nacional de centros de Bachillerato Concertados, a tenor del informe que sobre las cuotas cobradas en los centros educativos concertados presentaron recientemente CICAE y CEAPA, aclara este viernes en un comunicado que la «infrafinanciación» estatal obliga a la concertada, «dentro de la legalidad», a buscar vías alternativas para compensar aquella.
AESECE parte de la premisa, señala en su comunicado, de que la enseñanza «debe ser gratuita para todos, como recoge la Constitución». En tal sentido, apunta que el concierto educativo garantiza el derecho de las familias a elegir modelo educativo, siempre que haya entidades que se acojan a dicho concierto.
Por ello, prosigue, el Estado y la administración «deben hacer todo lo posible para garantizar el ejercicio de ese derecho». Sin embargo, precisa, la escuela concertada está «infrafinanciada», como recientemente ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo Catalán (Informe sobre la estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña. Julio 2020).
Esta infrafinanciación, lamenta AESECE, «obliga a la escuela concertada a buscar, dentro de la legalidad, los medios para compensarla, algunos de los cuales implican solicitar dinero a las familias que están matriculadas en sus centros, ya sea por la vía de la contraprestación de servicios más allá de la enseñanza reglada, ya sea por la vía de las aportaciones voluntarias».
Sin embargo, AESECE recuerda que la educación en las escuelas concertadas es gratuita. «Las familias no están obligadas a pagar ningún servicio que no contraten, ni ningún servicio relacionado con la enseñanza reglada. Solo en algunos supuestos muy concretos y previstos por la ley existe esta obligación, como en el bachillerato concertado, en que la propia administración incurre en contradicción, autorizando y regulando el cobro del concepto de enseñanza reglada a las familias».
Este hecho, denuncia AESECE, «condiciona y limita el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos, ya que en un contexto de plenitud de garantías, el precio de los servicios no debería estar presente en el ajuste entre la oferta y la demanda de puestos escolares».
En definitiva, concluye su comunicado, AESECE reclama que «se estudie a fondo y en todas las comunidades autónomas la financiación de la escuela pública y concertada», puesto que, a su juicio, «a través de los Presupuestos Generales del Estado, la administración pública tiene la capacidad y la responsabilidad de transformar esta realidad; y a es a ella, por tanto, a quien debe apuntar cualquier análisis sobre la financiación de la escuela».
«Dirigir la mirada a los responsables de los proyectos educativos es exigirle al director de orquesta la construcción de un nuevo palacio de la ópera. Para ello, AESECE ofrece a la Administración su colaboración para caminar en la necesaria y urgente búsqueda de un modelo que sea más equitativo con todas las familias y las entidades educativas».
Éxito Educativo
Author: Éxito Educativo

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