
En las últimas décadas, España ha experimentado un crecimiento constante en la producción científica, medida en términos de publicaciones, aunque este ritmo ha ido disminuyendo progresivamente, según el último análisis de la Fundación CYD.
Sin embargo, este aumento no ha sido acompañado de una mejora en la calidad de la investigación, y actualmente España se sitúa en el puesto 21 en este ámbito a nivel mundial, a pesar de ser la 12ª potencia en volumen total de publicaciones. Además, España ha comenzado a reducir su peso mundial en investigación científica, lo que sugiere una falta de competitividad en este campo.
Para abordar esta situación, en 1997 se estableció la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI), cuyo objetivo era desarrollar un sistema de indicadores para evaluar la transferencia de conocimientos de las universidades.
A través de esta iniciativa, la contratación de I+D con empresas aumentó significativamente, pasando de 218,3 millones de euros en 2001 a su máximo histórico de 704 millones de euros en 2008. De igual forma, los ingresos por licencias y las spin-offs también experimentaron un aumento en el mismo período.
Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 tuvo un impacto negativo en la transferencia de conocimiento de las universidades españolas, y la actividad de transferencia se redujo drásticamente.
En 2014, la actividad de transferencia tocó fondo con solo 439 millones de euros, lo que supuso una disminución del 62% con respecto a seis años antes. Como resultado, los indicadores relacionados con la transferencia de conocimiento también se vieron afectados negativamente.
Otro de los problemas que enfrenta el sistema universitario español es la disminución del personal docente e investigador (PDI) funcionario en las universidades públicas, con una pérdida del 18% desde el curso 2009-2010 hasta el 2020-2021.
En el curso académico 2020-2021, el porcentaje de funcionarios sobre el total del PDI era ligeramente superior al 40%, en comparación con el 55-60% que se observaba en la primera mitad de la década de los 2000.
Además, el porcentaje de contratados indefinidos también se ha reducido, situándose actualmente en torno al 18%, frente al 22,5% en 2015-2016 o el 20% en 2009-2010. Esto sugiere una mayor precarización del empleo en el ámbito universitario. Finalmente, también se observa un claro envejecimiento del PDI en las universidades españolas.
En resumen, estos factores sugieren que el sistema universitario español enfrenta importantes desafíos en términos de competitividad, calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y renovación de su personal docente e investigador.
Es necesario, entiende los analistas de la fundación, implementar políticas que fomenten la investigación y la transferencia de conocimiento, así como medidas que mejoren las condiciones laborales del personal docente e investigador y atraigan a nuevas generaciones de talento a las universidades españolas