ANPE denuncia que la ley Celaá nace «desde la imposición»

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El sindicato de profesores ANPE observa con preocupación el desarrollo de la reforma educativa, los pasos dados en forma de enmiendas al texto del Gobierno y los acuerdos alcanzados en los últimos días que, a su juicio, nacen sin el consenso suficiente deseable en una ley de características tan peculiares como es la de la educación.
Para ANPE, lo que el Gobierno persigue es aprobar su proyecto de ley «lo antes posible», con una tramitación de urgencia y vetando «en todo momento la participación a la comunidad educativa».
«A la urgencia y a la falta de diálogo en la tramitación de la ley», señala en su web ANPE, «hay que unir la gran preocupación e incertidumbre que genera la adopción de medidas que ahondan cada vez más» en lo que llama «la desvertebración educativa».
Se refiere ANPE a la devaluación de los títulos que recoge el RD-Ley 31/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, de modo que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas.
También alude a la regulación de los criterios de promoción y titulación, cuya responsabilidad de modificarlos se traslada a las comunidades autónomas y en última instancia a los centros y equipos docentes.
Esto, a juicio de ANPE, produce «una vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación». «Esta decisión», advierte, «agravaría la brecha ya existente entre las Comunidades Autónomas».
En la misma línea refiere la «pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde al Estado». En el trámite parlamentario se pretende incluso modificar y dar más competencias a las comunidades autónomas, incluso en algunas enmiendas se plantea rebajar al 50% la competencia del Estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías, lamenta ANPE.
Y finalmente, el sindicato alude a la enmienda pactada en el que el castellano deja de ser lengua vehicular en toda España. La desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes, recuerda. «Si se llega a imponer esta medida en la ley», apunta, «confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan inmediatamente ante el Tribunal Constitucional».
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Author: Éxito Educativo

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