En el inicio de curso más convulso de lo que va del siglo XXI por la pandemia, a la educación madrileña se le suma un nuevo problema: la huelga convocada por algunos sindicatos de la escuela pública en la región. A esta convocatoria no se ha sumado el sindicato ANPE que ha rechazado participar para “garantizar así el derecho a la educación“.
Ante la convocatoria de huelga de CC.OO, UGT, CGT y STEM para los primeros días del curso, ANPE ha enviado un comunicado en el que justifica su discrepancia “en estos momentos de pandemia” al no ser “partidarios de convocar ni apoyar huelgas del profesorado a nivel estatal ni en ningún territorio“. Su principal motivo: “No queremos privar del derecho a la educación a nuestro alumnado en estos momentos de emergencia sanitaria tan difíciles.”
ANPE, no obstante, sí exige medidas sanitarias y de distanciamiento social para proteger la salud de la comunidad educativa en todos los centros. Estas medidas deberían ser unificadas y consensuadas con las comunidades autónomas y lideradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional lo que evitaría, a juicio del sindicato, “la disparidad de criterios adoptados por las diferentes comunidades autónomas en las instrucciones de principio de curso”.
En el comunicado emitido consideran, además, que la reunión de los ministros de Sanidad y Educación y Formación Profesional con los consejeros de Educación llega tarde: “En ningún caso debería celebrarse a solo una semana antes del inicio del curso. Dicha incertidumbre perjudica seriamente a la capacidad organizativa de los centros, a los docentes y a las familias”.
ANPE cree que deberían aplicarse en los centros educativos las mismas medidas establecidas por el Gobierno en todos los espacios públicos y privados para controlar la propagación de la pandemia: las relacionadas con el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos con geles hidroalcóholicos y el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad, entre otras.
Para garantizar esta distancia de seguridad es fundamental adecuar nuevos espacios en los centros para realizar grupos más reducidos de alumnos. Para atender a estos nuevos grupos es necesario contratar a más profesorado. Esta medida también ayudará a compensar los aprendizajes básicos no alcanzados en el curso pasado y favorecerá la enseñanza individualizada.
Otra medida a tener en cuenta es la implantación del servicio de enfermería escolar en todos los centros educativos. Ayudaría a detectar posibles casos de COVID-19, realizaría test a cualquier miembro del centro, asesoraría a familias, profesorado y alumnado, coordinaría las actuaciones y medidas a tomar para controlar la propagación de la pandemia o podría coordinarse con los centros de salud de referencia.
En cuanto, a la posibilidad de retrasar el curso, ANPE pide que la medida sea consensuada: “Ante la decisión que se plantea de retrasar el inicio de curso escolar para velar por la seguridad de la comunidad educativa, debe ser consensuada y unificada por todas las comunidades autónomas. Al profesorado, a los alumnos y sus familias se les tiene que dar seguridad y certidumbre ante este inicio de curso”.
Por último, el sindicato propone y exige un establecer un Plan de Digitalización de los centros educativos. Este plan es fundamental para poder seguir el proceso de enseñanza aprendizaje ante un posible escenario de vuelta a las aulas de manera semipresencial o ante el cierre parcial o total de los centros educativos. Este plan debería incluir: dotación de material tecnológico y de conectividad, formación al profesorado y al alumnado, y la creación y adaptación de plataformas digitales.
