La noticia la adelantaba la cadena COPE en la tarde de ayer. Según la emisora, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había “encontrado la salida jurídica” para no suspender el convenio a los 11 centros de FP de Escuelas Católicas a los que se les comunicó por sorpresa el 25 de marzo que sus conciertos quedaban cancelados para el próximo curso.
Modificación legal y reunión
Según la Comunidad de Madrid, estos 11 centros contaban con un régimen jurídico diferente al del resto de centros concertados, por la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2017. Así que para salvar la situación y permitir el mantenimiento de los conciertos, ha decidido modificar el decreto de 2021 que elevaba de seis a diez años la extensión de los conciertos hasta el curso 2026-2027. De esta forma su situación será similar a la del resto de concertados y a partir de ese curso se regirán como ellos.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Educación, Enrique Ossorio, se reunirá con los representantes de los centros para trasladarles esta propuesta el próximo lunes 18 de abril en la Puerta del Sol.
Antecedentes
Este conflicto se inició en el año 2012, cuando el ejecutivo madrileño, entonces presidido por Ignacio González, decidió suprimir los conciertos de FP de Grado Superior. Once de los centros afectados recurrieron a los tribunales y cinco años después, en 2017, el Tribunal Supremo les dio la razón.
Ahora la consejería de Educación había decidido interpretar que estos eran unos conciertos especiales, tan solo para el cumplimiento de la sentencia, y que debían durar el mismo tiempo que había pasado desde la supresión hasta el pronunciamiento del Supremo, es decir, cinco años, que se cumplían a finales del presente curso 2021-2022. Así que consideraban que los conciertos ya no podían seguir en el curso 2022- 2023.
Respuesta contundente
A finales de febrero, la Asamblea de Escuelas Católicas de Madrid ya recogió la sorpresa y el enfado de todos los centros al conocer las intenciones de la Consejería. José Antonio Poveda, su secretario regional, declaró a ÉXITO EDUCATIVO que “la indignación con la Comunidad de Madrid es máxima”.
Cuando a finales de marzo la Consejería confirmó oficialmente la decisión, el presidente de Escuelas Católicas de Madrid, Manuel de Castro fue contundente, asegurando a nuestro diario que “los centros de FP que demandaron a la Comunidad de Madrid han sido estafados”.
Sin embargo, Escuelas Católicas no perdió la esperanza de que se produjese una rectificación del gobierno regional, apelando a la intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Finalmente, ese cambio parece que se va a producir.
