Diferentes organizaciones y sindicatos como Escuelas Católicas, CECE, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE han remitido un decálogo con el que desean expresar conjuntamente su rechazo a los cambios en la legislación educativa planteados recientemente por el Ministerio de Educación.
En concreto, afirman lo siguiente:
- Se escuda en una urgencia educativa que no existe.
Afirman que los aspectos más controvertidos de la LOMCE no se están aplicando y realmente responde a un interés político e ideológico partidista
- Carece del más mínimo consenso.
Subrayan que los mismos que criticaron la LOMCE por impositiva y abandonaron la Subcomisión parlamentaria del Pacto Educativo proponen ahora una nueva ley sin consenso ni participación.
- Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza
Consideran que se omite cualquier referencia a la misma pese a ser un pilar del artículo 27 de la Constitución.
- Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.
Rechazan la eliminación del concepto de “demanda social” como criterio a tener en cuenta en la programación y al suprimir la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos.
- Relega a la enseñanza concertada a un papel secundario.
Recuerdan que la legislación española y la europea, así como diversos pronunciamientos
judiciales, reconocen su carácter complementario y por tanto en el mismo nivel que la pública.
- No incorpora ninguna medida que mejore la condiciones de los profesores de los centros concertados.
Lamentan que se perjudique a los trabajadores de dichos centros al eliminar como criterio prioritario en la admisión de alumnos que el padre o la madre del niño trabaje en el centro
- Conculca el derecho a la dirección de centro.
Consideran innecesaria la figura del representante del ayuntamiento en el consejo escolar de los centros como una especie de “comisario político” que puede cuestionar el proyecto educativo por el que ha sido elegido cada centro.
- Suprime las referencias a la asignatura de Religión.
Muestran su preocupación por remitir a una “posterior e incierta” normativa reglamentaria sobre el asunto.
- Omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar.
Piden que su financiación se equipare con la de los centros públicos
- Adopta algunas medidas académicas dudosa.
En concreto apuntan que “se proclama la importancia de la evaluación pero se reducen los requisitos para promocionar (en Bachillerato se podrá titular con una materia suspensa) y se limita o se oculta el conocimiento de las pruebas de diagnóstico”.
