En octubre de 2019, antes de que se constituyera el gobierno de España tras las últimas elecciones celebradas en abril de ese mismo año, publiqué una carta al futuro ministro-a de Educación. Tras conocer su nombramiento en la profunda remodelación del gobierno, me atrevo a escribirle también a usted para, en primer lugar, enviarle mi enhorabuena y desearle muchos éxitos en su importante labor al frente de la Educación, pues sus éxitos serán los de toda la sociedad.
En la misiva anterior, sin saber quién ocuparía el cargo, pedía básicamente una cosa: consenso. Isabel Celaá fue la persona responsable de pilotar las políticas nacionales de educación y, lejos de alcanzar, el ansiado Pacto por la Educación, deja una ley, la LOMLOE (también conocido por el apellido de la ministra vasca) que ha conseguido poner en contra a gran parte de la comunidad educativa, principalmente, a la enseñanza concertada. Esta ley, además, está generando también la reacción de los que con gran ironía se están haciendo llamar como ‘profesaurios’ (muchos de ellos desde el flanco izquierdo) que reivindican un mayor nivel de exigencia a los estudiantes, una vuelta a la escuela que basa su modelo en la transmisión del conocimiento poderoso más que en la consecución de una serie de competencias, y que rechazan la innovación por la innovación y la hegemonía de lo emocional. Entre ellos se encuentran voces acreditadas a las que debería escuchar como las de Andreu Navarra, Jordi Martí, Pascual Gil (muy activo en Twitter), y otros pesos pesados como José Antonio Marina o Gregorio Luri.
En el haber de Celaá queda su impulso y apuesta definitiva por la Formación Profesional, hecho que se pudo constatar desde el primer momento con la inclusión de este tipo de enseñanzas en el nombre del propio ministerio, como en el desarrollo de distintas iniciativas que sí han sido aplaudidas desde gran parte de la comunidad educativa y las empresas, y un marco legislativo sustanciado en una Ley de Formación Profesional que tendrá que aprobar, finalmente, usted.
Leo en su trayectoria política que cuando era consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón consiguió, en 2016, un Pacto por la Ciencia y que a él se sumaron todos los centros e institutos de investigación de la región, los tecnológicos, las organizaciones empresariales, las universidades y los siete partidos políticos con representación en las Cortes aragonesas. Sin duda, una gran logro muy difícil de conseguir, especialmente entre los partidos políticos (salvo en cuestión de aumentar sus propios sueldos). Si lo consiguió en Aragón, seguramente, fue porque es muy consciente de la importancia de conseguir consensos amplios para que las medidas más importantes funcionen en el largo plazo. Ese es el camino. No se deje llevar por los sectarismos, por los intereses partidistas y el cortoplacismo, nuestra educación y la sociedad en su conjunto se lo agradecerán. Entre la comunidad educativa, más allá del ruido político, hay grandes profesionales que dan todo lo mejor en las aulas y los despachos de los centros. Cuente con ellos, son los que realmente saben lo que pasa y lo que la educación necesita.
La educación pública es importantísima, pues debería ser uno de los grandes garantes de la igualdad de oportunidades, pero también lo es la concertada y la privada (como usted bien debe sabe por su propia opción personal). En una democracia moderna caben todos los modelos pues se complementan, enriquecen y garantizan así la libertad de enseñanza. Se puede defender la escuela pública sin atacar a la privada/concertada. Por ello, trate de recomponer las relaciones que sus predecesora hizo saltar por los aires.
Sin otro particular y reiterando nuestra felicitación, reciba un cordial saludo,
Víctor Núñez Fernández, director de ÉXITO EDUCATIVO y profesor universitario
Y más cultura LGTBIQ+, es una vergüenza en la formación de la chavalada.