Para aquellos que ya cuenten con unos años el título les retrotraerá a la página de cierre de la televisión de hace unos años. Una suerte de bola un tanto pop que, dependiendo de la edad, la habrán podido ver en b/n -blanco y negro, para los menos avezados- o en colores de discutible y dudoso gusto en su combinación. Era, por decirlo de otra manera, la imagen que se veía en la despedida y cierre, hasta el día siguiente, de las dos cadenas de televisión que existían en ese momento.
Este artículo pretende, en cierto sentido, ser una despedida y cierre hasta el próximo curso escolar, del curso presente. Pero también, por qué no decirlo, me va a servir para “ajustar algunas cuentas pendientes” en nombre de toda la comunidad educativa. No es que me visualice como el pistolero más justiciero de la ciudad, eso se lo dejo a Los Pistones -también hay que tener una edad para entender este símil-; ni siquiera me siento capaz de arrogarme la facultad de hablar en nombre de toda la comunidad educativa, pero si de parte de ella, y es por ello que tomo el lápiz para escribir el último artículo de la temporada denunciando algunos de los atropellos que hemos sufrido en estos últimos doce meses, y señalando el impacto que éstos han tenido en los equipos docentes.
La profesión docente, una de las más dignas y con una vocación de servicio hacia la sociedad innegable, es, sin embargo, una de las más denostadas, vapuleadas y peor tratadas de nuestro espectro social. Pese a los avances que se están haciendo en los últimos años en lo que a reconocimiento retributivo se refiere, sin embargo, siendo la educación como es, el “pim, pam, pum” favorito de nuestra clase política, se ve desarrollando su labor profesional en un mar de incertidumbre permanente.
El inicio de este año, que inauguró maravillosamente bien el ex ministro Joan Subirats -uno de esos de cuota, ¿recuerdan? – calificando a las universidades privadas madrileñas como chiringuitos -deberían ser conscientes de que cuando descalifican así a una institución, no lo hacen solo con la titularidad, sino también con todos aquellos que la conforman-; le siguió la marea informativa afín al régimen -del 2018, claro- aireando y señalando como perniciosas a más no poder, la irrupción -se enteraron entonces- de fondos extranjeros adquiriendo centros educativos privados, que más allá de que sea lo lógico en una sociedad con una economía de mercado no intervenida, además no hacían sino focalizar a España como un destino educativo de primer orden mundial; y no solo eso, sino como un potencial polo de atracción de potenciales corporaciones internacionales que podrían salir tras el cierre del Brexit. ¿O es que piensan que un ejecutivo expatriado en Madrid de Credit Suisse, por poner un ejemplo, no busca colegios privados internacionales para su prole? ¡Qué ceguera, por Dios!
Nuestra embajadora en el Vaticano ya a final del curso pasado nos dejó lista para su implantación la LOMLOE; pendiente de que su sustituta, la ministra Alegría -al menos en eso hemos ganado cierta relajación, y no me refiero solo a su apellido- concluyera el desarrollo reglamentario para su aplicación. Siendo, como era, y como viene siendo habitual en nuestra democracia con las leyes educativas, una ley no consensuada – que tragedia hispánica más reconocible-, la polémica estaba servida de inicio. A parte de que el desarrollo reglamentario llegó con pocos meses de antelación para su implantación a las administraciones que tienen cedidas las competencias educativas -lo que servía en bandeja el retraso de su implantación a gusto del presidente o presidenta de cada comunidad, si así lo deseaban-, es que en ese desarrollo se cubrieron de gloria incluyendo conceptos como las “matemáticas con perspectiva de género”, o el de “memoria democrática”, que no hacían sino ahondar en el sentido de una ley que ha sido criticada por su excesiva ideologización. ¡Si es que se la ponen botando, oiga! Una ley que, por otro lado, en lo que se refiere a enfoque metodológico y perspectiva y enfoque del currículo, nos acerca mucho más a los planteamientos competenciales y al modelo de evaluación de los países de nuestro entorno y, en especial, a los que ya tienen un sistema educativo sólido y contrastado en este sentido: Finlandia y Reino Unido. Lamentablemente una ley -otra- que va a durar tres o cuatro años; con lo que ello significa de frustración del sistema, empezando por los docentes, y acabando por el mundo editorial. En todo caso, y sirva esto como punto de advertencia, solo están consiguiendo hundir el sistema público, con el drama que eso supone, ya que la iniciativa privada tiene formas de huir, y lo está haciendo, hacia modelos internacionales: británico, norteamericano, sueco, etc. o el modelo del IB, que les excluye del sufrimiento de tener que replantear su proyecto educativo a golpe de cada ley; de cada cambio de gobierno que decide hacer de la educación su nueva bandera. Un desastre.
Algún mes más tarde, y producto de Pegasus y otras obligaciones contraídas, el gobierno se lío la manta a la cabeza tratando de agradar a sus socios catalanes colaborando en crear una alternativa para el incumplimiento de la cuota porcentual de castellano que la ley imponía en el currículo en esa zona de España, y desoyendo y colaborando en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Cataluña. Brillante.
Sin embargo, y para acabar de rematar la faena, nos encontramos con comunidades autónomas objetoras, que han decidido no implantar la ley, o al menos no facilitarlo, provocando un monumental lio entre los centros, las editoriales y la comunidad educativa. Algunas de estas comunidades, como Andalucía – con Juanma Moreno empoderado recientemente-, o Madrid, terminaron las instrucciones de implantación del decreto de la ESO y Bachillerato en junio, y los de Primaria e Infantil se están concluyendo y esperan poder comunicarlo en agosto. De hecho, y esto es literal, no se asombren, la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión de planificación del curso 2022/23 para el 7 de septiembre. Algunos colegios habrán abierto sus puertas el día 5 de ese mismo mes.
¿Cómo se les queda el cuerpo?
Todo esto y alguna cosa más que ha acaecido en este largo curso post pandémico – las mascarillas se suprimieron de los colegios allá por el mes de abril y mayo, no lo olvidemos-, ha dejado como un erial a nuestro cuerpo de docentes. El cansancio, la frustración, el desánimo, el hastío, la desidia, que deja este curso escolar es verdaderamente llamativa. Además, lo es en todos los subsectores, ya sea la universidad, colegios o centros de infantil. Nuestros docentes no están quemados, están achicharrados. Un colega de profesión me decía hace unos días, que nunca había visto tan desesperado a su profesorado. Las bajas médicas de larga duración por enfermedad común han sufrido fuertes incrementos – y no solo por efecto del COVID-. Lo que en muchos de esos casos se debe interpretar es que se deben a dolencias asimilables a estados de ansiedad, depresión, estrés, enfermedades psicosomáticas, que no hacen sino revelar la situación de muchos docentes de nuestro país.
Quiero concluir haciendo un reconocimiento del trabajo de todos ellos y ellas, y de la maravillosa labor que desarrollan; y, de paso, gritar al viento la necesidad de que, de una vez por todas, las administraciones consensuen y coordinen sus responsabilidades adecuadamente para que no acaben pagando los de siempre.
Nos va la vida en ello. Y no es metafórico.
Jaime García Crespo, CEO del Grupo Educación y Sistemas
