CONCAPA pide amparo al Defensor del Pueblo ante la «imposición» de la LOMLOE

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CONCAPA, que representa a 3.000 centros escolares, ha solicitado al Defensor del Pueblo «su amparo y ayuda pues creemos que se vulneran derechos y libertades fundamentales, no solo de las familias, sino también de toda la sociedad en general. Una Ley que, además, favorecerá una verdadera brecha y descalabro en la educación en nuestro país».

En una carta dirigida a esta institución explica que no han podido reunirse con la ministra de Educación, Isabel Celaá». Con ella quieren hablar de las demandas y aportaciones a la nueva Ley de Educación. El objetivo es favorecer un verdadero pacto social y político en esta decisiva tarea. «Nuestro deseo es que se llegue al mayor consenso y aceptación posible por parte de toda la comunidad educativa y la sociedad», afirman.

Desde CONCAPA consideran que el Ministerio de Educación pretende “imponer” sin diálogo y consenso, la nueva ley orgánica de educación LOMLOE. Actualmente en espera de su tramitación parlamentaria y cuya aprobación quiere acelerar lo más posible, aun sufriendo todavía el estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19.

Vulneración de derechos

En su carta apuntan cinco aspectos que vulneran derechos y libertades fundamentales, y generan discriminación efectiva entre las familias:

  • La gratuidad de la enseñanza obligatoria. No se respeta ese principio de igualdad y equidad entre las familias que escogen libremente entre la red de titularidad estatal -totalmente gratuita- o entre la red de iniciativa social -concertada-, donde el Estado solo cubre una parte inapreciable de su financiación.
  • La libre elección de las familias. Se vulnera la libertad que las asiste para escoger el centro educativo que más se asemeje a sus convicciones religiosas y morales. Además, no respeta los acuerdos firmados con la Santa Sede y con otros organismos internacionales.
  • La inversión y los recursos educativos. No se propicia la complementariedad de las dos redes en el uso compartido de los recursos educativos.
  • La discriminación de las familias. A las familias que no tienen recursos económicos se les niega el derecho que tienen a poder elegir libremente otra red educativa que no sea la estatal, limitando y anulando sus derechos y libertades fundamentales.
  • La falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales. El traspaso progresivo de este alumnado a la red ordinaria crearía una verdadera discriminación educativa de dicho colectivo. de los docentes y personal auxiliar que trabaja en su integración y autonomía. Son los centros de educación especial los que están preparados para interactuar con este alumnado. El estrangulamiento económico de los mismos generaría el abandono escolar temprano de este alumnado y de sus familias.

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