CSIF pide revertir la reducción de horas de docencia del profesor asociado fijado en la LOSU

Es como el dicho popular, las gallinas que entran por las que salen, o como lo de la pescadilla que se muerde la cola: si bien se pretende en la última reforma universitaria, la LOSU, poner fin a la inestabilidad de los profesores asociados en la universidad, convirtiendo sus contratos en indefinidos, por el contrario, la reducción de horas de docencia al año les aboca, según el sindicato CSIF, a ingresar remuneraciones aún menores que hasta este momento.

Frenar la “precariedad” de los profesores asociados con una “subida retributiva digna”, la posibilidad de impartir docencia hasta 180 horas anuales y la promoción a las categorías superiores a las que esté acreditado son reclamaciones que hace ahora el sindicato a la ministra Diana Morant, quien ha asumido las competencias en universidades.

Porque, aunque CSIF admite que “es cierto que (los profesores asociados) pasarán a contratos indefinidos”, no obstante, “seguirán sin tener un trabajo fijo y permanente” y, por si fuera poco, “verán rebajadas sus horas de docencia y sus ya de por sí mermadas retribuciones”.

La LOSU afirma en su Preámbulo que “garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”. Sin embargo, tras más de 9 meses desde su entrada en vigor, el escenario de precariedad e inestabilidad del PDI laboral resulta, para CSIF, “alarmante y escandaloso”.

Además, advierte CSIF, la falta de financiación por parte de las Administraciones Estatal y Autonómica es, a su juicio, “la excusa perfecta para que las universidades no pongan en marcha las necesarias medidas para la estabilización, promoción y renovación de las plantillas del PDI”.

En este contexto, exige recursos suficientes para la estabilización y promoción del PDI laboral permanente y temporal, “imprescindibles” para conseguir que el profesorado con contrato laboral temporal no supere el 8% de la plantilla de PDI de las universidades, “básicos” para llevar a cabo los programas de estabilización y promoción y “necesarios” para adaptar el régimen de dedicación.

Normativa nacional para poner orden

De igual modo, reclama una normativa nacional que permita el acceso, reconocimiento y cobro de Quinquenios y Sexenios para todo el PDI laboral permanente y temporal. “Ya está bien de desobedecer Directivas Europeas o retrasar su aplicación recurriendo en escala a los Tribunales de Justicia”, denuncia CSIF, que agrega que “tampoco es de recibo que cada universidad vaya por su lado creándose desigualdades vergonzosas e inadmisibles”.

También pide a Universidades soluciones generales al tema de la compatibilidad y la gestión de las bolsas de Profesores Sustitutos. CSIF, dice, ya alertó en su día que la figura del Profesor Sustituto, sin financiación y sin una normativa adecuada, “genera dudas y problemas” y tiene el “potencial riesgo de convertirse en una nueva bolsa de precariedad”.

Prosigue el sindicato reclamando el acceso y cobro de los Complementos Autonómicos por parte del PDI laboral permanente y temporal. Sin ningún tipo de restricciones, apunta, tienen que poder acceder a las retribuciones adicionales que establezcan las Comunidades Autónomas ligadas a méritos individuales por actividades docentes, investigadoras, de transferencia, innovación o gestión.

Así mismo, los acreditados a Contratado Doctor (CD) deben obtener la acreditación a Titular de Universidad (TU) sin necesidad de solicitarla, según CSIF. “En la LOSU subyace y así se nos manifestó siempre en el Ministerio de Universidades que CD y TU son figuras idénticas, solo que una es laboral y la otra funcionarial. Ante esta situación y en pura lógica, desde CSIF pedimos que, si las figuras van a ser iguales, las acreditaciones deben ser equivalentes”.

Por último, CSIF pide una normativa nacional que reconozca al Personal Investigador laboral su derecho a cobrar los trienios en las mismas condiciones que el resto del PDI laboral, sin importar la figura de contratación. En esa misma línea, todos los investigadores laborales de las universidades sean predoctorales o postdoctorales, deben percibir, sin necesidad de reclamarlos, los incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público.

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