CSIF lamenta que no se haya informado a los profesores sobre cómo deben realizar su trabajo ni en cómo se evaluaba: “Los docentes no participaron en la decisión de que ellos soportarían la presión para la promoción y titulación del alumnado sin criterios homogéneos y objetivos”.
En este sentido se preguntan “cómo esquivar la legislación vigente para proceder a evaluar sin tener en cuenta las materias pendientes”.
Mirando hacia el futuro, el sindicato se pregunta si la reapertura de los centros “¿no se tenía que haber tratado previamente con los representantes legales de los profesionales?”. CSIF ya ha manifestado su rechazo a esta vuelta, pues no corresponde a criterios de salud pública. Además, recuerdan que no se concreta para qué se abrirá, para qué alumnado y con qué finalidad. “Rechazamos una vez más la apertura de centros con carácter asistencial y rechazamos también esta improvisación constante”.
Por todo ello, exigen una vuelta a los centros manera negociada: un Plan de Regreso a la Actividad de carácter organizativo y preventivo, así como un Plan de refuerzo educativo para el curso 2020-2021
Sobre el inicio del nuevo curso, lamentan que se esté preparando “sin consultar con los docentes sobre quienes recaerá el trabajo y la responsabilidad“. Sin embargo, en otros Ministerios se está negociando este proceso de reincorporación a la actividad presencial.
Negociación
Ante esta situación reclamanla convocatoria de la Mesa Sectorial para negociar esta vuelta a la actividad presencial: “Si en la Conferencia Sectorial se toman decisiones en perjuicio del profesorado, se ve mermada la negociación en las Comunidades Autónomas y, por tanto, se recorta el derecho de los docentes a ser representados en las Mesas Sectoriales autonómicas”.
Para el sindicato, la vuelta al cole supondrá:
- Adaptar todos los centros a las normas sanitarias necesarias y con cumplimiento del distanciamiento social correspondiente.
- Aumentar la plantilla para poder atender a las necesidades educativas y los desdobles y apoyos necesarios para reducir el número de alumnos en cada aula.
- Destinar una inversión cercana a los 3.600 millones de euros.
- Reducir los ratios, equivalente al número de alumnos que un docente tiene a su cargo en un curso escolar
La propuesta que ha expresado en los medios la Ministra de Educación es “inasumible e imposible de realizar”. Consideran que no se puede duplicar el trabajo de los docentes al tener que compartir la actividad presencial junto con la enseñanza a distancia. Ello implica que los centros no pueden organizarse y los problemas de conciliación presionarían una vez más al colectivo docente.
