“El actual Ministerio de Educación viene actuando desde sus comienzos con un absoluto desdén hacia los legítimos representantes del profesorado”. De este modo se despacharon los portavoces del sindicato CSIF este lunes en la rueda de prensa en la que anunciaron una concentración por la negociación y por la educación pública frente a la sede del Ministerio de Educación, este jueves.
Apelando a la cogobernanza, denuncia CSIF, se vienen regulando cuestiones que afectan a las condiciones laborales del profesorado de la educación pública, “sin tener en cuenta las mesas de negociación y por tanto mermando los derechos del colectivo docente, todo ello además en perjuicio de la calidad de nuestro sistema educativo”.
“Desde las fallidas derogaciones de los recortes del anterior gobierno”, se lamenta, “pasando por una nueva Ley Orgánica que no ha sido negociada para nada con los docentes”, toda la política del Ministerio se ha basado “en, como mucho, informar a la parte sindical de sus actuaciones de las que, en muchas ocasiones, somos conocedores por los medios de comunicación”, sostiene el sindicato.
Así, explica que se ha introducido en la nueva Ley Orgánica una disposición que permite retirar a los docentes de su función con un “mero informe negativo” de la Inspección Educativa, “causando inquietud y dejando bajo sospecha” al profesorado sin que tenga conocimiento previo la parte sindical.
En la misma Ley Orgánica se dispone la extinción de un cuerpo docente y el traspaso de parte de él a un subgrupo superior “sin que se haya escuchado” a los profesionales para que se reflexione sobre las consecuencias y se haga de la mejor manera posible.
También denuncia CSIF que se derogó el real decreto que imponía un mínimo de horas lectivas a partir de otro que recomienda y no regula un máximo, como la Constitución permite al Gobierno central. “Durante toda la pandemia se ha ido regulando la continuidad de la educación sin tener en cuenta al profesorado. De hecho, en una encuesta realizada por CSIF, el 94,46% de los docentes lamentaban que las administraciones no les tenían en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Y así, y junto con las comunidades autónomas, han ido gestionando obviando la legal y necesaria negociación colectiva”.
Para reclamar una negociación y que se tenga en cuenta a los docentes, CSIF ha registrado “continuas” cartas al Ministerio, solos o acompañados de otras organizaciones, “siempre con el objetivo de construir un diálogo que nos permita mejorar entre todos nuestros centros educativos”. Sin embargo, denuncian que “nunca hemos obtenido respuesta o cuando la hemos tenido hemos recibido promesas de negociación incumplidas”.
“Los últimos acontecimientos nos hacen decir basta ya. La propuesta para el curso que viene, por la que las medidas contra el COVID se limitan a mascarillas y a una distancia de 1,2 metros y con las ratios anteriores a la pandemia, no asegura seguridad en las aulas y deja en peligro a los miles de refuerzos contratados por la pandemia”.
Además, la “falta de información” sobre la vacunación del colectivo docente, la “indefinición” de las medidas a tomar con los fondos europeos para educación sin que sean destinados a “verdaderas medidas” para los docentes o la creación de un nuevo cuerpo de Formación Profesional una vez declarado a extinguir el anterior, “nos hacen ver la necesidad de trasladar a la sociedad en su conjunto y a la comunidad educativa en particular, la urgencia de que el Ministerio se preste a negociar y deje de imponer bajo acuerdos imprecisos tomados con las comunidades autónomas”.
Por ello, CSIF ha convocado una concentración ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional el próximo 10 de junio a las 12:00 horas, atendiendo a las medidas contra el COVID-19, para exigir lo siguiente:
- Negociación con el colectivo docente para todo lo que afecta a sus condiciones laborales.
- Exigencia de la reducción del número de alumnos/as por aula en toda España en defensa de la calidad de la educación pública y en el ejercicio de la competencia exclusiva que la Constitución otorga al Estado.
- Negociación de las condiciones para el curso escolar 2021-2022 en relación con el COVID-19.
- Información precisa de los procesos que afectan a la salud de los docentes en lo que concierne al COVID-19.
- No a la imposición de medidas que afectan al colectivo docente sin negociación y en perjuicio del servicio público educativo.
- Inversión finalista para los fondos europeos otorgados a las comunidades autónomas referidos a educación.
