El anuncio lo reservó Pilar Alegría para un momento y un lugar cuidadosamente escogidos. En una semana con fuerte marejada en su ministerio, con las polémicas por los contenidos ideológicos de los nuevos libros de texto, el decreto de la Generalitat para sortear la sentencia que obliga a dar el 25% de las clases en castellano en Cataluña y el cese del secretario de Estado Alejandro Tiana, la ministra anunciaba en los desayunos informativos de Europa Press que, a partir del próximo curso, los estudiantes de FP cotizarán a la Seguridad Social por el periodo de prácticas en las empresas. Unas cotizaciones que serán subvencionado al 90% por el Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nueva Ley de FP, señala que la Formación Profesional tendrá carácter dual o lo que es lo mismo, todos los estudiantes pasarán un tiempo en la empresa, un 25%-35% en la modalidad general y más del 35% en la intensiva. Esos periodos son los que tendrán que cotizar.
Posible falta de empresas
La medida, en principio, afectaría al cerca del millón de alumnos que estudian Formación Profesional. Y decimos “en principio” porque hace falta que antes haya suficientes convenios entre los centros de formación y las empresas para que toda esa formación se pueda llevar a cabo en los centros de trabajo. Y como ya advirtió en su día en ÉXITO EDUCATIVO Santiago García, secretario general de CECE, “que toda la FP tenga carácter dual profesional, como dice la nueva ley, no va a ser nada fácil de conseguir”, y apuntaba a que muchas pequeñas y medianas empresas no van a ser capaces de ofrecer esa formación que exige la Ley.
Desde el propio Ministerio se ha admitido que habrá que tener paciencia y que será necesario que pase el tiempo antes de que se generalice un cambio tan profundo. En las áreas urbanas previsiblemente habrá menos problemas que en las zonas rurales. Consciente de estos y otros problemas, el periodo transitorio previsto por la ley es muy amplio: termina en 2028.
Decisión unilateral
En una semana con tantos cebos informativos capaces de generar polémica, apenas se han registrado reacciones políticas. Si ha hablado el conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia. Román Rodríguez se ha quejado con dureza de que una vez más el Ministerio toma la decisión “de forma unilateral”, y ha calificado el anuncio de “cortina de humo”. Es “inaudito”, ha añadido y “casi de jeta”, que desde el Gobierno se plantee ahora, “sin hablar con nadie”, una acción tan importante. No se ha hablado “ni con los sectores productivos, ni con el mundo empresarial, ni con las comunidades autónomas”. “Una medida de este calado no se puede tomar de forma unilateral, porque al final no se toman en serio”, ha concluido el conselleiro.
Por su parte el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha asegurado que “no nos parece una medida acertada, sinceramente. Una cosa son los alumnos con contrato formativo de la FP Dual (“intensiva”, según la nueva LOFP), que es lógico que coticen y otra distinta los alumnos sin contrato que realizan prácticas formativas en la empresa”.
Alegría y dudas
Comisiones Obreras, tras felicitarse porque se adopte una medida que habían reivindicado durante años, pide al Gobierno que agilice el desarrollo normativo de las prácticas en la Formación Profesional. La generalización de la FP se habría hecho para el sindicato, sin analizar si hay suficientes empresas para formar a ese casi millón de alumnos que podría haber en las aulas de FP el próximo año.
Como Comisiones, UGT se felicita de la decisión, mientras por su parte CSIF advierte de posibles efectos no deseados de esta medida: que haga más difíciles las prácticas y que aumente la burocracia y el papeleo al que tengan que hacer frente los centros.
Tiene trabajo por delante el Ministerio, que tendrá que elaborar los decretos que concreten normativamente este profundo cambio a la hora de gestionar las prácticas de los alumnos de FP en España.
