La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados debatirá y votará esta semana una Proposición no de Ley sobre Protocolo de detección y protección de los menores víctimas de acoso por LGTBlfobia en los centros educativos, presentada por el Grupo Socialista y que, entre otros agentes, persigue implicar a los equipos directivos en su detección.
La sucesión de distintas y periódicas agresiones contra escolares LGTBI “toman otra dimensión cuando se comenten en el ámbito escolar, donde los prejuicios deberían estar desterrados a un segundo plano”, advierten los proponentes, quienes recuerdan en su exposición de motivos que, “lamentablemente no es así: la LGTBlfobia es una realidad en nuestro sistema educativo, por lo que el miedo de los adolescentes LGTBI a aceptarse y/o hacerse visibles está más que justificado”.
En tal sentido, se agrega, “existe un desconocimiento sobre la realidad LGTBI entre el alumnado y entre los educadores, así como en temas de sexualidad que lleva a tener ideas equivocadas y a invisibilizar una realidad existente”.
Por ello, proteger y prevenir a los niños frente a la violencia de cualquier tipo se ve ya reflejada en la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, pero los datos que facilita la Plataforma de la Infancia son, a juicio del grupo parlamentario socialista, “alarmantes”, con un aumento del 4,5% de los malos tratos a menores de 2017 a 2018, cuando una de cada dos denuncias contra la libertad sexual es a menores y cuando en 2018 el ciberacoso sumó 2.319 denuncias de menores”.
Del acoso al suicidio
En España, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, el 43% de los niños y las niñas homosexuales y bisexuales, ante el acoso que sufren, han pensado en el suicidio y el 81% de estos incluso lo han planificado, siendo el 17% los que atentan contra su vida.
La humillación, la impotencia, la rabia, la tristeza, la incomprensión, la soledad, la vulnerabilidad, el aislamiento y la desesperanza son sentimientos que padece este colectivo en su etapa escolar. Los datos de la UE también son también significativos. El 61,2% de los jóvenes LGTBI, sufren discriminación en la escuela, el 51,2% en su vida familiar y un 29,8% por parte de sus amistades.
Al respecto, consideran los proponente fundamental realizar una adaptación del sistema judicial a las necesidades de los menores, del mismo modo que se hace fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, donde los centros tengan un protocolo contra la lucha del acoso escolar, eliminando el lenguaje homófobo, fomentando el respeto y el valor de la riqueza a la diversidad.
Con tal motivo, estiman necesario el contacto de los centros educativos con las asociaciones y los servicios públicos y privados de los que se asesorarán para obtener el apoyo para la consecución de Programas de atención y la evaluación del progreso de éstos para conocer los niveles de discriminación, LGTBlfobia y violencia entre el alumnado, y un sistema de reparación y reintegración al ámbito escolar, con un protocolo de recogida de datos para visibilizar el problema real.
Se subraya en la propuesta que desde los centros educativos es imprescindible adoptar las medidas adecuadas, con los apoyos y las herramientas necesarias, lo que se enmarca en la citada Proposición no de Ley por la que se insta desde el Congreso de los Diputados al Gobierno, en el ejercicio de sus competencias y en colaboración con las CCAA a “promover el desarrollo o la incorporación de protocolos de detección y protección de los y las menores víctimas del acoso escolar, entre ellos los de LGTBlfobia en el ámbito escolar”.
Una acción en la que se tengan en cuenta, al menos, las siguientes propuestas: Procedimiento de actuación ante la detección o comunicación de casos por LGTBlfobia que involucre a los equipos directivos, docentes, mediadores, alumnos y alumnas, padres y madres, etc.; mecanismos de protección y apoyo a las víctimas; programas de formación, información y atención y programas de colaboración y/o coordinación con asociaciones y servicios públicos y privados.
