La última Asamblea General de Rectoras y Rectores del Grupo 9 de Universidades ha expresado su “preocupación” por los problemas de falta de financiación de las universidades públicas en general, y, en particular, porque la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según se ha valorado, no prevé responder a este déficit de forma clara.
“Aunque al principio esta ley fue recibida con ilusión porque parecía que se iba a definir de forma clara un incremento presupuestario hacia las universidades públicas, lo que estamos constatando es que ese compromiso no solo no se ha reforzado, sino que el articulado que habla de esa financiación se ha descafeinado”, expuso el rector de la Universidad de Cantabria y nuevo presidente semestral del Grupo 9 de Universidades.
Las rectoras y rectores del G-9 recuerdan, de hecho, que ese compromiso, valorado en principio en un incremento del 1% del PIB en la redacción inicial, ha quedado sujeto a las circunstancias presupuestarias de cada comunidad autónoma en la última redacción.
De esta forma, Pazos ha pedido formalmente, en nombre del G-9, “que antes de la aprobación de la ley exista ese compromiso claro de incremento de financiación”, que tenga en cuenta que las universidades públicas dependen de las comunidades autónomas.
“Cada vez las exigencias de lo que tienen que hacer las universidades públicas son mayores y, sin embargo, eso no va acompasado, ni mucho menos, con sus necesidades de financiación y, en concreto, con las de las entidades del G-9”, ha indicado Pazos, añadiendo que “hubiera sido deseable que esa definición sobre la financiación de esta ley se hubiera producido ya previamente al estado en el que se encuentra su tramitación”.
