
El Consejo de Ministros ha aprobado el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022 que pretende consolidar la modernización de esta etapa formativa. La estrategia diseñada por el Ministerio de Educación y FP busca la actualización del catálogo y la ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad y la flexibilización de estas enseñanzas, así como la acreditación de competencias básicas y profesionales para las personas adultas.
El texto contempla la formación del profesorado a través de proyectos de innovación y estancias de docentes en empresas y centros punteros de FP de diferentes comunidades autónomas. El gabinete que dirige Isabel Celaá trabaja en la elaboración de una Ley de ordenación general de la Formación Profesional y en la regulación de la FP Dual. El plan incluye la apuesta por la colaboración público-privada entre las administraciones educativas y las empresas de todos los sectores productivos del país.
Para su elaboración, el MEFP ha contado con el respaldo, entre otros, del Ministerio de Economía y Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Con la puesta en marcha de esta estrategia, el Ejecutivo en funciones pretende mejorar la empleabilidad y satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como consolidar la flexibilización de estas enseñanzas que permiten al alumno una alta cualificación y garantizan una experiencia laboral de calidad que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo. El plan tiene como prioridades fundamentales la colaboración y participación de las empresas y la apertura a los órganos de participación de todos los sectores, así como la agilización de la respuesta de la FP a las necesidades de cualificación de cada sector productivo.
Este documento, que viene a dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos trece meses por el Gobierno junto con los interlocutores sociales y el sector empresarial, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Nueva agenda de capacidades para Europa de la Comisión Europea que contempla acciones para garantizar que los ciudadanos de la UE se beneficien de la formación, las habilidades y el apoyo adecuados.
Un catálogo hacia las necesidades del tejido productivo
El documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros se basa en cinco palancas fundamentales para llevar a cabo la modernización de la Formación Profesional en nuestro país.
1. Renovación del Catálogo de títulos de FP, lo que supone el diseño de nuevas formaciones y la actualización de todos los títulos ya existentes. En este capítulo cabe señalar el interés del Gobierno por el desarrollo de los perfiles profesionales relacionados con la digitalización, la Industria 4.0., el big data, la inteligencia artificial, la transición ecológica y la economía circular, entre otros. Otro de los ejes principales de esta hoja de ruta consiste en la ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad y el reconocimiento de competencias básicas y profesionales.
2. Diseño de un Mapa de la FP para llevar a cabo la mejora de la oferta formativa ajustada a estas enseñanzas. Esta herramienta servirá para identificar la situación de la Formación Profesional, las necesidades formativas de cada territorio y de cada sector productivo.
3. Flexibilización de la formación para hacerla accesible a la población activa mediante la promoción de la modalidad a distancia en colaboración con las administraciones educativas. Para ello, el Ministerio de Educación y FP, a través del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), abrirá la oferta modular de títulos de Formación Profesional.
4. Acreditación de competencias básicas para las personas adultas, ya que más del 50% de la población española de entre 16 y 65 años carece de acreditación formal de sus competencias profesionales, según datos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIACC).
Además, el plan refleja la ampliación de la oferta formativa no formal dependiente del Ministerio de Educación y FP (Aulas Mentor) para acercarla a municipios de tamaño medio y pequeño hasta alcanzar a un total de 3.000 núcleos rurales y una formación modular que se adapte a cada alumno, contemplándola como una medida de choque para evitar la despoblación en el medio rural.
5. Formación del profesorado de esta etapa educativa, que pretende aproximar la innovación de cada uno de los sectores productivos al personal docente.
Entre otras actuaciones se contemplan proyectos de innovación de Formación Profesional entre centros que imparten estas enseñanzas de distintas comunidades autónomas, empresas y otras instituciones, así como convocatorias de estancias de docentes en empresas y en centros de FP que faciliten la transferencia de conocimiento.
Nueva Ley de Formación Profesional e impulso a la FP Dual
Luz verde a cerca de 61 millones de euros en programas de cooperación educativa
El ministerio de Educación y Formación Profesional ha dado luz verde a 34.044.460 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, destinados al programa de acciones de Formación Profesional Dual. Los criterios de distribución empleados para este montante han sido los territorios especiales, insularidad y ultraperiféricos, el número de alumnos en FP Básica y FP de Grado Medio, el número de centros que imparten ambas formaciones, el número de empresas tecnológicas e industriales, el número de empresas participantes en FP Dual 2016/2017, el número de centros que ofertaron FP Dual 2016/2017, la tasa de abandono educativo temprano y la brecha de género en familias tecnológicas e industriales.
Además, para el programa de Acciones de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a 17.816.600 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Para el reparto de este montante entre las comunidades autónomas se ha tenido en cuenta el número de profesores de enseñanzas de régimen general (en centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato y/o FP, en centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato/FP) y número de centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP.
La cuantía asignada a cada comunidad se ha calculado siguiendo los criterios de número de alumnos matriculados en estas enseñanzas en todos los niveles y ofertas, número de profesores que las imparten, la tasa de riesgo de pobreza, el número de centros que imparten FP y la dispersión territorial de las Administraciones Públicas Educativas.