El papeleo y la carga lectiva quema a los profesores en las etapas superiores

En la era de la digitalización, de la que cabría esperar una reducción de tareas o, cuando menos, una mejora en los procesos (la tecnología está para arrebatar trabajo de más, esa es su esencia) en la educación parece ocurrir todo lo contrario. La carga lectiva y las ratios elevadas, pero, sobre todo, la burocracia han logrado lo que cabría esperar de forma natural de unos adolescentes contestatarios: quemar a una buena parte de los profesores en Secundaria y Bachillerato.

Es una de las conclusiones principales del último informe de El Defensor del Profesor del sindicato ANPE, que en el último curso apreció tasas inusitadas de ansiedad entre los profesores, en un 30% de los casos derivadas de problemas relacionados con la administración.

Esta ansiedad ha concluido en un proceso depresivo en el 12% de los casos, lo que se traduce en un 15% de bajas. El estado de “tensión constante” que provoca las actuaciones de las administraciones educativas entre el profesorado es debido a la publicación de protocolos de actuación ante la COVID “tardíos y cambiantes”, recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, además de cambios normativo con el curso ya empezado.

A esto se une también, de acuerdo con este estudio, la labor de seguir atendiendo al alumnado que viene a clase y al que se encuentra confinado. En paralelo, la puesta en marcha de protocolos como el de ideación suicida o contra el acoso sin asignación horaria y “sin formación suficiente” para los docentes. “En esta época los centros tienen que soportar este apoyo psicológico y asistencial a las necesidades de los alumnos”, denunció este martes en rueda de prensa Sonia García Gómez, vicepresidenta estatal de ANPE.

“Y todas estar tareas suponen una mayor carga burocrática”, agregó Teresa Hernández Jiménez, coordinadora del servicio del Defensor del Profesor. Todo ello, sin perjuicio de la preparación previa para implementar los cambios previstos en la LOMLOE, la última reforma educativa.

No acaba ahí la cosa. Si las consecuencias de la pandemia no han ‘contaminado’ lo suficiente el ambiente en los centros, los profesores también tienen que enfrentarse a unos alumnos que les acusan falsamente de hechos determinados o que, incluso, les agreden.

El informe de ANPE revela que en el último curso ha aumentado el porcentaje de faltas de respeto de alumnos, hasta un 24%; se mantienen en un 13% de los casos las amenazas de alumnos a profesores; prácticamente igual, un 10% los casos de ciberbullying a profesores, como también de los padres de aquellos. Y aunque el porcentaje no es relevante, en torno al 5 y 6% en los dos últimos cursos, no menor es la gravedad que representa: las agresiones de alumnos a docentes.

Por el contrario, afortunadamente ha caído del 30% al 20% el acoso de padres a profesores, como también del 29% al 20% la falta de respecto de los primeros a los segundos. O del 27% al 24% las acusaciones de padres a docentes que se han demostrado falsas.

¿Son los profesores parte del problema al, aparentemente, haber sido demasiado condescendientes con sus alumnos a lo largo de los años? Se le pregunta a Carolina Fernández del Pino si los profesores deben también entonar el mea culpa por haber perdido autoridad al querer ser más próximos emocionalmente de lo deseable a sus alumnos, pero esto contesta: «El problema fue que la sociedad decidió que teníamos que comportarnos de otra manera y nos empujó, y nos sigue empujando, a veces, a que si no somos sus colegas es que somos malos profesores».

«Los mejores profesores», enjuicia, «son los que han creído en mí y me han empujado. Yo creo en una enseñanza inclusiva integral y de competencias, pero creo que a mí la sociedad me empuja a decir ‘no importa’. Pero yo quiero llevarme bien con mis alumnos porque son nuestra razón de ser, son lo que nos importa».

¿Y las normas?

¿Acaso no existe normativa suficiente en los centros educativos para afrontar estas situaciones? En el informe del Defensor del Profesor de ANPE se reconoce que sí, que las normas de convivencia en los centros educativos “cada vez están más claras y los reglamentos de régimen interior están elaborados”.

Sin embargo, el problema, según ANPE, “se plantea cuando por comodidad, dejación de funciones, normalización de conductas contrarias a la convivencia, miedo a tener problemas con los padres, o porque la Administración no da una salida educativa al alumnado desmotivado, desde la Dirección o administración educativa se hacen oídos sordos a los problemas y no se aplica, o se aplica parcialmente, la normativa en vigor, sin darse cuenta del perjuicio irreparable que se le ocasiona al profesor”. “Las administraciones responden tarde y mal”, lamentó Carolina Fernández del Pino Vidal, vicepresidenta de ANPE Madrid.

Responsabilidad de los directores de colegios

Pero no solo las administraciones. Como se apunta en el propio informe las direcciones de los centros tienen una responsabilidad compartida: Teresa Hernández lo explica con claridad: «Los equipos directivos son algo que nos preocupa mucho a este servicio», porque, advirtió, «a veces están muy solos también, muchas veces, dependiendo de las Comunidades Autónomas, no están suficiente remunerados y reconocidos para ejercer su labor».

A su juicio, «eso conlleva que, a veces, no sepan gestionar problemas como los que nos estamos encontrando, a la hora de gestionarlo carecen de suficientes recursos para ello y, muchas veces, no están voluntariamente ahí, porque les ha tocado».

Por concluir, la actitud de unos padres que “solo escucha la versión que les cuenta su hijo”. Unos padres que “no aceptan la realidad, disculpan y justifican cualquier acción de su hijo y cualquier comportamiento que tenga”. El motivo es que los padres, por norma general, “no confían en el docente” e, incluso, “desautorizan al mismo delante de su hijo, acusándole de tenerle manía o de maltratarle psicológicamente”.

Guadalupe Pérez Pérez, coordinadora del Defensor del Profesor de ANPE Madrid, destacó, por su parte, que el ítem que más ha aumentado en la Comunidad de Madrid es el ciberacoso en las mismas herramientas tecnológicas que usan los docentes para administrar tareas con sus alumnos.

 

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