El sector educativo privado dice que implantar el IVA supondría un “encarecimiento insoportable” para las familias

Escolares

Las principales organizaciones de los distintos sectores de la educación privada, tanto de enseñanzas regladas como no regladas, afirman en una Declaración conjunta hecha pública este viernes que, una posible implantación del IVA en los servicios que presta supondría para las familias que libremente la han elegido “un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector”.

Recuerdan estas organizaciones que la educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Esto es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas.

Una posible aplicación del IVA al sector de la educación privada estima el sector, vulneraría, además, el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, lo que está consagrado en el artículo 27 de la Constitución, “y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros”, subraya.

En la Declaración se hace hincapié en que son estos derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección.

Además, agrega, una medida de este tipo tendría como consecuencia inmediata el desplazamiento de un “número incalculable” de alumnos a la enseñanza pública, lo que, a su juicio, “incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto”, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Para las organizaciones representativas del sector privado de educación, en un momento de transformación del tejido empresarial español, la inversión en formación resulta decisiva, por lo que con una medida así “se vería afectada muy negativamente por esta inoportuna propuesta”.

Igualmente, esta medida supondría la pérdida de “innumerables puestos de trabajo”, pues, destacan, “como hemos expuesto anteriormente, implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo”.

Recuerdan que esta situación no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en España, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, las organizaciones firmantes manifiestan su voluntad de “oponernos firmemente a esta medida por todos los medios legales a nuestro alcance, para lo cual informaremos de nuestra posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública”.

Suscriben esta declaración: Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).

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