El sector privado de enseñanza de idiomas denuncia sufrir un 20% de economía sumergida

El sector de enseñanza de idiomas legalmente establecido en España denuncia sentirse en “una situación límite” y su sostenibilidad está comprometida si no se adoptan las medidas efectivas necesarias, como aumentar la fiscalización de las plataformas internacionales, incentivar la formación  con una desgravación universal en el IRPF por aprendizaje de idiomas, proteger al consumidor de idiomas y facilitar la contratación de personal nativo.

Estas podrían ser las principales conclusiones del Libro Blanco del sector privado de la enseñanza de idiomas en España. ‘La nueva realidad’, elaborado por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), con la colaboración de todas sus asociaciones, incluida la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas (ACEIA), que fue presentado recientemente en el marco de la 17ª Conferencia Anual de ACEIA, que se ha celebrado en Sevilla.

Grosso modo, según el estudio en profundidad realizado, se observa que el sector está actualmente en fase de transformación, tanto en cuanto al “cómo” se imparte la enseñanza de idiomas, como al efecto que este cambio tiene en el “desde dónde” se realiza la enseñanza. Es decir, se está pasando del aula a la desgeolocalización, con el subsiguiente impacto en la economía y el empleo.

En términos generales y según las cifras del sector privado de la enseñanza de idiomas en España recogidas por FECEI, las escuelas legalmente establecidas generan 344 millones de euros en IRPFs cotizados al año y unos 432 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo, si bien se estima que hay un 20% de la actividad de la enseñanza de idiomas que se realiza en economía sumergida, lo que supone al Estado una pérdida de ingresos fiscales y sociales por valor de 232 millones, de acuerdo con los datos que maneja esta asociación.

El Libro Blanco pone el foco en tres problemas que generan esta situación límite para las escuelas legalmente establecidas. En primer lugar, la formación online que ofrecen plataformas internacionales (generalmente ubicadas en China, Corea o Filipinas), fuera del radar legal español, “con el subsiguiente desarrollo de una economía sumergida que no para de crecer, mientras las escuelas ubicadas en territorio español están sometidas a un marco fiscal y laboral exigente”, se denuncia.

Esta “mayor carga regulatoria e impositiva”, en comparación con la mayoría de las empresas de otros países que potencialmente pueden ofrecer este servicio, implica un coste superior cuando este servicio se realiza desde España, de acuerdo con el Libro Blanco. Como consecuencia, la oferta de servicios realizada desde terceros países es más económica y permite un coste de servicio inferior, perjudicando a las escuelas radicadas en España.

Esta situación, se asegura en este documento, afecta “gravemente” a los derechos de los consumidores de idiomas, generando un segundo y grave problema: su desprotección. Según Scott Markham, presidente de FECEI, “ello se debe a que la formación educativa, tanto en modalidad presencial como online impartida en territorio español, se encuentra regulada por las leyes de comercio y los reglamentos de las comunidades autónomas, que establecen medidas y garantías para proteger al consumidor”.

“Sin embargo”, agrega, “la formación educativa en línea impartida desde fuera de España, se encuentra en un vacío legal y su protección al consumidor se limita a la aceptación de las condiciones establecidas por el proveedor del servicio y a la confianza en el cumplimiento de dichas condiciones, por el proveedor.”

Por último, el Libro Blanco pone el foco en la normativa de extranjería, que, advierte, “dificulta” a los centros de enseñanza de idiomas la contratación de profesionales extranjeros para trabajar en el país. Situación que se ha agravado además con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Para combatir esta falta de profesionales, se ha creado la figura del auxiliar de conversación, que permite contar con personal nativo sin necesidad de cumplir con los requisitos de la ley de extranjería. Actualmente, existen unas 10.000 auxiliares en colegios bilingües, institutos y escuelas oficiales de idiomas de España, pero este programa no está accesible a los centros privados de enseñanza.

A esta situación, lamentan, “se suma la ausencia, limitación o en ocasiones la falta de viabilidad” para cumplir con los requisitos (tales como factores económicos, restricciones de edad o largos tiempos de espera) de los acuerdos bilaterales de España con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en contraste con acuerdos similares que existen entre estos países v otros miembros de la Unión Europea.

Esto, aseguran, añade un “obstáculo adicional” a la contratación de personal necesario para los centros de idiomas en España y complica aún más la tarea de desarrollar esta actividad.

Propuestas de FECEI para revertir la tendencia

Para revertir la tendencia descrita y evitar la desaparición de la enseñanza de idiomas privada en España, la destrucción de puestos de empleo que generaría, de su actividad económica y comercial y la aportación de impuestos actual, FECEI propone tres vías de acción posibles: medidas a aplicar a las plataformas internacionales y a las plataformas de contacto entre particulares; medidas para proteger a las academias y centros nacionales; y medidas para incentivar y concienciar al consumidor.

De manera más concreta, se apuntan cinco medidas. En primer lugar, eximir o facilitar a los profesores de idiomas de centros legales de la necesidad de obtener permisos de trabajo, en igualdad con aquellos que ejercen en plataformas particulares e internacionales. Esta es una medida, aseguran, “muy sencilla” que se puede aplicar con enorme facilidad sin ningún cambio normativo al amparo de la figura de “puestos de trabajo de difícil cobertura” ya existente.

En segundo lugar, se propone implementar una deducción fiscal universal en el IRPF para toda la población del país sobre los gastos en enseñanza de idiomas. Como tercera medida, fiscalizar los ingresos obtenidos por particulares en las plataformas de conexión entre profesores y alumnos, de manera similar a lo realizado en otras plataformas de servicios como Airbnb y asegurar la situación de legalidad laboral y mercantil para ejercer la actividad.

En cuarto lugar, se anima a implementar la obligatoriedad para las plataformas internacionales que prestan servicios de formación en la Unión Europea a estar registradas en un país miembro de la UE, como se ha hecho con las plataformas de productos como Aliexpress, sancionando a estas plataformas en caso de incumplimiento. Y por último, se propone asegurar los derechos y protección de los consumidores de servicios de formación en idiomas de estas plataformas en materia de consumo, protección de datos y protección de los menores.

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