El sopor en tiempos del COVID

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Era inevitable, el olor nauseabundo del barro político nos recordaba el destino infructuoso de países contrariados. Ni siquiera el doctor Juvenal Urbino desde su profunda benevolencia hubiera sido capaz de escapar a esta situación de profunda desafección de los ciudadanos hacía algunos políticos, algunos partidos y sus visiones sesgadas y nada enfocadas al interés público, sino al suyo propio.

Llevamos semanas viviendo sumidos en una incertidumbre absoluta respecto de un sinfín de cuestiones que afectan a nuestro día a día. Desde a la insólita moción de censura que se presentó sin ningún apoyo para que ésta hubiera podido salir adelante y cuyo objetivo tenía que ver con intereses partidistas publicitarios, que no con mejorar realmente la situación del “españolito de a pie”; hasta el bochornoso espectáculo de enfrentamiento entre la Administración central y la de la Comunidad de Madrid a cuenta de las políticas que se debían desarrollar e imponer para controlar la pandemia de la COVID19.

Bronca y más bronca. Bronca inútil y estéril.

No me puedo olvidar en estos momentos de la nueva ley educativa que está próxima a ver la luz. La LOMLOE será -y en esto ya nace con una etiqueta que en nada la va a ayudar y que la significa frente a todas las leyes anteriores- la primera Ley educativa constitucional que se va a aprobar sin haber estado consensuada con ningún agente social y educativo, ni partido político, más allá de los que no sean los que conforman el gobierno o sus socios. Es la primera vez en la historia democrática contemporánea de España en la que va a salir publicada una ley educativa para la que no se ha contado para contrastar, debatir o recoger ideas, con asociaciones de padres, patronales o asociaciones educativas, asociaciones de alumnos y demás partes que conforman aquello que venimos a llamar Comunidad Educativa. Es una Ley que obvia los postulados del artículo 27 de la Constitución que recoge la libertad de elección de centro por parte de las familias. “Nada nuevo bajo el sol” como se recogía en el Eclesiastés las palabras del Rey Salomón. Nada que nos deba sorprender de este gobierno y su alergia a todo lo que suponga el concepto libertad.

En todo caso, como no siempre de la crítica vive el hombre y porque uno no debe caer en los errores de precisamente lo que critica, quiero convertir esta columna en una defensa de la necesidad de un #PactoporlaEducación despolitizado, con enfoque país y con miras al futuro, que dé cobijo y refuerce las actuaciones que se están haciendo desde algunos centros educativos; que realizan una parte de los docentes a modo personal; y que exigen nuestras familias y alumnos.

No podemos desperdiciar una ley educativa más en articular propuestas vacuas que no aportan nada a lo que realmente es importante. Esto es, que nuestros hijos e hijas desarrollen las competencias necesarias para poder afrontar su desarrollo personal y profesional; que nos aseguremos de que ninguno de ellos se queda en el camino porque no hayamos sido capaces de articular estrategias de atención personalizada real y dotar a los centros de recursos para poder atender las necesidades específicas de cada esos alumnos; educarlos de una manera emocionalmente sana y estable y dotarles de las herramientas necesarias para gestionarse a sí mismos y sus emociones; dignificar la carrera docente y permitir el desarrollo profesional de aquellos que optan por una de las más sublimes profesiones; ajustar nuestro modelo metodológico a un marco de enseñanza-aprendizaje que mantenga enganchados a nuestros alumnos en el sistema y eliminar así el problema de abandono escolar en edades tempranas; flexibilizar las estructuras organizativas, e incluso arquitectónicas, para dar respuesta a todas esas necesidades; o dotar de recursos tecnológicos suficientes que eliminen la brecha digital que pueden sufrir algunos de nuestros alumnos y, sobre todo, los adapte mejor a su futura realidad profesional.

Evidentemente hay muchos más ámbitos de actuación de una ley educativa como son la financiación, la libertad de elección de centro, la dotación de recursos, la creación de itinerarios formativos o el desarrollo de una formación profesional dual de calidad, por poner algunos ejemplos. Todos ellos se deben abordar pensando en una ley cuya vigencia sea a largo plazo y, por tanto, habiéndose debatido, consensuado y acordado entre todos. La Educación es la garantía futuro de un país y una sociedad sana y estable.

#PactoporlaEducación, ¡ya!

Jaime García Crespo, CEO de Educación y Sistemas

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