En sanidad está la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿y en educación?

Si en las dos últimas semanas explicábamos cómo el sector de la educación digital debía liderar el proceso de mejora para conseguir los impresionantes logros de la industria farmacéutica, hoy seguiremos cerrando el círculo con otro participante del sistema que también debe tener un papel fundamental: el de la administración. Porque sin ella no estaríamos ante un conjunto completo.

Una vez más, seguiremos el ejemplo de la sanidad, como faro para la educación. Su impresionante evolución en las últimas décadas es ciertamente una guía luminosa.

Pues bien, en sanidad es cierto que los laboratorios farmacéuticos son quienes lideran los procesos de mejora, invirtiendo ingentes sumas de dinero en investigación y desarrollo. Son las grandes firmas las que consiguen que el horizonte de lo posible vaya avanzando. Pero hay un árbitro fundamental, que es el que finalmente aprueba o rechaza los avances. ¿Y quién es exactamente?

Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios

En el caso español, es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el organismo público que tiene la última palabra para discriminar lo que se apoya y lo que se rechaza, en una actitud de permanente vigilancia.

No hay más que entrar en su página web para observar en sus últimas noticias novedades sobre distintos productos. Esta agencia estatal trabaja en colaboración con sus homólogas internacionales, mantiene una relación estrecha con la Agencia Europea de Medicamentos y con las autoridades en las comunidades autónomas.

Según se explica en su página web, la Agencia «es responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medio ambiente».

Además, ha tejido una red de colaboración con distintos comités científicos y comités de coordinación especializados en sus principales áreas de intervención. En estos comités trabajan responsables de la Agencia junto con expertos, representantes de asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones profesionales, inspección, los propios profesionales del sector y también las universidades.

¿Y en educación?

En educación no hay ningún organismo parecido. Quizá lo más cercano pudiera ser el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero su cometido es muy diferente, o el antiguo Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, que fue suprimido en 2020. O a nivel autonómico, algún organismo como la extinta Agencia Andaluza de Evaluación Educativa u otros similares. En todos estos casos se está muy lejos de la situación de la sanidad.

De hecho por ejemplo cuando han surgido polémicas con algunos contenidos de los libros de texto, se ha apelado a la inspección educativa. Siempre con carácter posterior a la publicación, porque desde el año 2000 los títulos que llegan a los colegios no necesitan ninguna autorización previa de ninguna clase. Absolutamente nada. Se confía en el buen hacer de las empresas editoras.

En este punto es importante destacar que no estamos abogando por una censura previa de libros ni nada parecido. Digámoslo para evitar cualquier atisbo de duda. Pero especialmente en el campo de lo digital seguramente vendría muy bien un organismo que ayude a separar el grano de la paja.

Financiación pública de materiales educativos

Esto resulta especialmente importante en el caso de las políticas de gratuidad de los libros de texto. Desde hace bastante tiempo, muchas administraciones educativas regionales financian de una u otra manera la adquisición de libros de texto y en general de material escolar. Y en algún caso se está empezando a incluir muy tímidamente recursos digitales.

Es aquí, en lo digital, donde quizá se puede empezar a pensar en educación en algún organismo similar al papel que en sanidad hace la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Porque el sector de los libros de texto parece bastante estandarizado en su oferta, que viene funcionando de una manera parecida desde hace décadas. Pero los recursos digitales reúnen una oferta muy heterogénea.

Incluso en páginas web institucionales de administraciones educativas encontramos muchas veces mezclados elementos que no tienen nada que ver entre sí: desde páginas web amateur de individuos con enlaces y otros elementos muy sencillos, de un lado, a grandes productos digitales que tienen detrás una gran inversión y años de trabajo, del otro. ¿Cómo puede ser?

¿Una utopía?

En un mundo ideal, la financiación pública de recursos educativos digitales deberá apoyar únicamente a aquellos que hayan demostrado eficacia, esto es, que cumplen su función: la de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Además el mercado premiará a los más eficientes, aquellos que cumplan su función mejor que otros. Igual que en el sector farmacéutico.

Pero esto, ¿no es injusto si lo comparamos con los libros de texto? Los libros de texto reciben financiación pública y no deben cumplir otros requisitos más que los de la propia autoexigencia sectorial. El problema es que en lo digital ni siquiera hay eso.

Nuestra opinión es que, más pronto que tarde, los libros de texto en papel acabarán desapareciendo. El problema es que el conjunto de productos (digitales) que en estos momentos puede ser candidato a sustituirlos es tan heterogéneo y dispar que resulta difícil que tal sustitución pueda tener lugar de una manera ordenada.

Ya hemos visto en artículos anteriores que el propio sector debe dar pasos hacia una mejora continua. Pero hoy también estamos viendo que la administración debe dar un paso adelante para marcar pautas o guías de actuación. De lo contrario, nos podemos encontrar con que los recursos tradicionales (libros de texto en papel) son sustituidos por la nada, al no contar los profesionales del sector con criterios públicos de discernimiento, debiéndose guiar únicamente por su opinión subjetiva individual.

Así que si no queremos el caos futuro con el paso hacia lo digital, habrá que ir preparando el sistema de cooperación entre industria, administración e instituciones interesadas (centros educativos, docentes y familias).

Avisados quedan.

Julián Alberto Martín

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