
Escuelas Católicas ha enviado una carta al Gobierno para “advertir” de que algunas medidas publicadas presentan “una calculada ambigüedad” en la Orden Ministerial. Consideran que son “contrarias” a la ley vigente y a la propia Constitución.
Desde Escuelas Católicas consideran que en el momento “tan complejo” no es responsable “ahondar en las desigualdades territoriales”. Denuncian que este es el comportamiento del Ministerio al delegar en las consejerías de Educación los criterios sobre promoción de curso y titulación en ESO y Bachillerato “sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes”.
En su escrito recuerdan que la Orden ministerial hace clara referencia a las limitaciones previstas en la LOE-LOMCE vigente. En ella se estable que no se podrá pasar de curso con más de tres materias pendientes en ESO o de dos en Bachillerato. Y que no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las áreas. Asimismo, según establece la Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales. Por lo tanto, no es una materia delegable, ni susceptible de modificación por la normativa en el marco del estado de alarma.
Escuelas Católicas es partidaria de que el tercer trimestre tenga una evaluación en general positiva. Su finalidad debe ser de refuerzo o mejora de nota que permita premiar el trabajo en casa de los alumnos. Pide el reconocimiento de la importancia del esfuerzo de los docentes. Además, de la obligación para que los criterios de promoción y titulación contenidos en la LOE se apliquen en todo el Estado.
Admisión de alumnos
Escuelas Católica muestra su “preocupación” por el proceso de admisión de alumnos del próximo curso. El traspaso de estas competencias de un órgano colegiado, como es la comisión de garantía, con participación de representantes de los titulares de los centros, profesores y padres de alumnos, a un organismo unipersonal dependiente, no diseñado legalmente para ello, puede provocar opacidad en el proceso y no ofrece las garantías necesarias para que se cumpla la libertad de elección de centro por parte de las familias.
En este sentido, realizarán un estudio jurídico para valorar el alcance de estas medidas contrarias a la legislación y adoptar las decisiones que procedan.
Los colegios de Escuelas Católicas han redoblado su compromiso y han adoptado una serie de medidas complementarias dirigidas a todos los alumnos. De hecho, ponen suma atención a las necesidades especiales de los que están en situación de vulnerabilidad, como quedó reflejado en el informe publicado la pasada semana y que va actualizando según dispone de datos.