El denominado como ‘pin parental’ es una propuesta que nace por iniciativa de Vox y que está centrando gran parte del debate educativo nacional. La finalidad no es otra que la de solicitar de forma expresa a los directores de los centros educativos que informen a los padres, de manera previa y mediante autorización expresa, cualquier actividad, taller, charla o materia relacionada con identidad de género, diversidad o feminismo. De este modo, los padres pueden dar consentimiento ante alguna actividad relacionada.
Durante los últimos días se han pronunciado numerosos partidos políticos y personalidades contrarias a esta idea y las medidas que pretende poner en marcha el gobierno de la Región de Murcia. A los que se acaba de sumar Escuelas Católicas. De manera expresa declaran que esta propuesta no es “ilegal, pero resulta innecesaria su exigencia con carácter general si los padres conocen y aceptan, en el momento en que solicitan la admisión de sus hijos en un centro, su proyecto educativo e ideario”. Por lo que aluden, en este último sentido, a que los padres reciban una información clara sobre las actividades que se desarrollan en los centros antes de matricular a sus hijos y conozcan así la Programación General Anual.
Desde Escuelas Católicas se piensa que el ‘pin parental’ puede dar lugar a un gran número de situaciones complejas en los centros y que sea necesaria autorización para diferentes situaciones y actividades que se quieran desarrollar. Sin embargo, añade que solo “sería necesaria dicha autorización en el supuesto de actividades cuyas características especiales así lo requieran y, sobre todo, en centros que no hayan definido claramente su proyecto educativo o que deban mantener una “neutralidad ideológica” por imperativo legal”.
Derecho de los padres a decidir
Por otro lado, también hacen referencia al derecho de los alumnos a recibir una educación integral, por el que no puede desvincularse del derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral para sus hijos que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El Estado no puede suplantar la posición de los padres decidiendo sobre estas cuestiones, sino que debe, por el contrario, garantizar el derecho de estos, tal y como señala el artículo 27.3 de la Constitución, ya que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos y quienes ostentan legalmente la “patria potestad”.
Además, aluden a las “actividades complementarias” a las que el Ministerio de Educación se ha referido en los últimos días, afirmando que estas “por definición legal las mismas tienen el carácter de voluntarias, ni pueden ser los docentes quienes tengan la competencia para diseñarla. En este sentido, la autonomía organizativa y pedagógica se refiere a los centros en su conjunto, por lo que debe intervenir la comunidad educativa a través de los órganos de participación establecidos y, en el caso de los centros privados (concertados o no), también sus titulares”.
En lo que ha formación se refiere, Escuelas Católicas ha querido destacar que sus centros afiliados “funcionan todos en régimen de coeducación” y desde hace tiempo sus alumnos reciben una formación denominada como afectivo sexual que es parte de su educación integral, acorde con su proyecto educativo y de un ideario conocido y aceptado por las familias.
