Escuelas Católicas pide diálogo al Gobierno sobre la concertada

Ministra Celaá

Escuelas Católicas considera que la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ante la Comisión de Educación del Congreso, el 4 de septiembre, no aporta “grandes novedades” para la enseñanza concertada, por lo que pide que su oferta de diálogo se concrete pronto para “disipar dudas todavía pendientes”. En concreto sobre dos cuestiones:

  • el papel de la demanda social en la programación de puestos escolares (Art. 109.2 LOE)
  • la imprescindible competencia de las patronales y los sindicatos sobre las condiciones laborales del profesorado de centros privados concertados (modificación del RD-Ley 14/2012).

Esta asociación considera que “tranquiliza” que la Ministra afirme con rotundidad que el cierre de la concertada es una noticia falsa, aunque les “preocupa” que se pongan nuevas trabas a su existencia, que algunos grupos parlamentarios desprestigien su labor dentro del sistema educativo, y que se le atribuyan privilegios inexistentes.

Recuerdan que en la Comunidad de Madrid en el período 2003-2014 accedieron al concierto 95 centros, y se construyeron 282 centros públicos; pero que no se habla de “la asfixia que en los últimos años ha sufrido la enseñanza concertada en territorios como Aragón o la Comunidad Valenciana, con resoluciones, posteriormente anuladas por los Tribunales, de cierre de aulas concertadas llenas de alumnos”.

Insisten en la complementariedad de las redes pública y concertada, ya que ambas garantizan el derecho a la educación y que se puede defender la escuela pública sin ir contra la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de elección de centro por parte de las familias.

Aunque la Ministra evita referirse a un Pacto Educativo -ya que se partido se salió de la Subcomisión parlamentaria que lo estaba elaborando-, desde Escuelas Católicas se “alegran de que haga ahora un llamamiento al diálogo para alcanzar un acuerdo entre todos los sectores afectados”. Así se le urge al Gobierno a celebrar reuniones de trabajo para abordar estos asuntos y el resto de problemas que afectan al sistema educativo, a la vez que le insisten en que el único Pacto Educativo alcanzado hasta ahora es el que quedó plasmado en el Artículo 27 de la Constitución.

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