Escuelas Católicas: reforma educativa afecta a la libertad de enseñanza

Isabel Celaá en un colegio

Escuelas Católicas considera que el “Anteproyecto de Ley sobre educación contiene disposiciones que afectan al ejercicio de la libertad de enseñanza y, en concreto, al régimen de conciertos y al funcionamiento de los centros”. Insisten en que “todo ello sin otorgar, hasta el momento, a la comunidad educativa la más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente su compromiso de actuar con consenso y alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos”.

En un comunicado emitido, recuerdan que se critico la falta de acuerdo con la comunidad educativa a la hora de aprobar la LOMCE, sin embargo, “están repitiendo lo mismo que han criticado. El Ministerio de Educación apela a la “urgencia”, pero esa urgencia no es educativa sino política; da la impresión de que tanto el Ejecutivo como sus socios parlamentarios quieren aprovechar la breve duración de este Gobierno para hacer su voluntad, obviando las opiniones y la experiencia del sector. Máxime cuando se justifica dicha urgencia por algunas medidas polémicas y cuestionadas que la LOMCE implantaba pero que, curiosamente, estaban suspendidas desde 2016”

A falta de tiempo para analizar exhaustivamente el Anteproyecto de Ley, apuntan cinco aspectos que les llaman la atención:

  • Demanda social. Se suprime el término y se sustituye por una redacción confusa. La eliminación de la demanda social supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante.
  • Autonomía pedagógica y organizativa. Aunque en la exposición de motivos se proclama la autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica. De hecho, el principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del consejo escolar.
  • Asignatura de Religión. No hay referencia explícita a la regulación de esta materia en el Anteproyecto. Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado.
  • Consejo escolar. Pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control, y se vuelve a introducir la figura del “comisario político”, un representante municipal cuya presencia no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos.
  • Las medidas pedagógicas planteadas en el Anteproyecto requieren de un análisis más detallado ya que aún conteniendo aciertos, presentan aspectos discutibles.

Apuntan a que “lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma”.

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