Es algo parecido a la cuenta de la vieja. Los profesores y analistas de ESADE Lucas Gortazar, director de Research y senior fellow de Educación en EsadeEcPol, y Jorge Galindo, su director adjunto, publicaban este miércoles en la web de la escuela de negocios un análisis a partir de datos estadísticos públicos, concluyendo, entre otras previsiones, la caída para 2037 de hasta un millón de potenciales escolares. La culpa, las pobres tasas demográficas que arrastra el país.
Los antecedentes tampoco ayudan, o, mejor dicho, sí lo hacen a imaginar el futuro más próximo: Entre 2013 y 2023 España, esto es, un periodo de 10 años, España ha perdido la friolera de 450.000 niños menores de 16 años, es decir, de alumnos potenciales de las etapas obligatorias de la educación infantil y obligatoria.
En 2037, según estos analistas de ESADE, la cifra habrá sobrepasado el millón de niños. El sistema educativo, explican, “pasará de tener que absorber 7,5 millones a menos de 6,5 millones de estudiantes”.
Entrando al detalle, Gortazar y Galindo explican que la incidencia de la caída demográfica variará por etapas educativas y por territorio. De este modo, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de alumnado potencial en 2037 desde su máximo, de casi 2,1 millones de niños de entre 12 y 15 años de edad a día de hoy, a 1,6 en 2037.
Por su parte, la educación Primaria encontrará su mínimo antes, en 2032, algo por debajo de los 2,4 millones, y lejos de los 3 millones de alumnos de 2017.
Por territorio, provincias como Zamora, León, Palencia, Albacete o Jaén, citan, “perderán más de un tercio del volumen de menores de 16 que tenían en 2013”. Otras provincias perderán menos de un 10%, como es el caso de Madrid o Barcelona, que, sin embargo, perderán, aunque menos. El único dato positivo en este contexto es que no perderán nada regiones como Navarra o Baleares.
En su post en la web de ESADE, estos analistas aprovechan la ocasión para hacer propuestas que, si bien no reviertan lo que se espera, al menos aminoren el golpe. Y se centran en lo que deberían gastar las administraciones públicas a la luz de estas perspectivas: “Si, como parece probable, la inversión pública no desciende y se mantiene en niveles actuales, el gasto público por alumno va a crecer sustancialmente, como ya lo hizo en los años prepandemia, entre 2013 y 2018. La pregunta relevante se vuelve entonces: ¿qué hacer con ese excedente de recursos públicos? ¿en qué lo invertimos?”.
Para estos especialistas, la cosa podría o debería ser así. Lo explican: “Las administraciones educativas tienen dos opciones. Dejar las cosas como están o rediseñar la red escolar para aprovechar el excedente de recursos de manera estratégica. La opción de no hacer nada, manteniendo el mapa actual hasta que los recursos lo permitan, implica no cambiar el número de aulas ni el de escuelas, preservando la red actual para proteger (en teoría) la cercanía a la escuela y a los pequeños municipios. Pero lo hace al gigantesco coste de producir un sistema más ineficiente y menos equitativo y pospone decisiones, que a futuro tendrán que ser drásticas en lugar de darse tiempo para manejarlas de manera gradual”.
A juicio de ambos, “la decisión no es entre cerrar o no cerrar escuelas sino entre cerrar escuelas y líneas ahora y hacerlo bien o cerrarlas en 10 años y hacerlo mal”. Para ello, proponen “asumir de manera activa la reestructuración de la red escolar, con mecanismos de compensación suficientes (por ejemplo, con planes de transporte y comedor gratuitos para el alumnado que tenga que desplazarse más) en escuelas y líneas allí donde se han vuelto demasiado pequeñas”.
“Una vez emprendido el proceso de reestructuración”, prosiguen, “será posible redirigir los excedentes allá donde puedan producir un impacto más justo y productivo”.
Dicho y hecho, he aquí su apuesta sobre la base de seis áreas de inversión de estos recursos: “Reducir la ratio alumno-profesor y el tamaño de las aulas más presionadas; ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado para avanzar de forma más eficaz a una mayor igualdad de oportunidades; reformar las políticas docentes y mejorar sus condiciones laborales; fortalecer el cambio educativo a nivel de centro y promover una mayor colaboración docente; seguir expandiendo las etapas de educación infantil de primer ciclo (0-3) y Formación Profesional, y aplicar políticas más eficaces contra la segregación escolar”.
