La falta de políticas de Estado en la educación está contribuyendo a generar una situación de inestabilidad para el sector del libro de texto en España. Esta es la conclusión del estudio El Entorno Económico e Institucional del sector del libro de texto, un informe de ANELE, en el que se analiza la actual situación económica de este sector.
«Segmentación y desigualdad» son los términos que definen, en este estudio, la tendencia de la enseñanza primaria y secundaria, debido a las diferentes políticas que adoptan las Comunidades Autónomas en esta materia. «17 sistemas distintos que cambian cada año», según explicaba el director de la FGEE, Antonio María Ávila, el pasado 15 de enero, en la presentación de este informe, que cuenta con la colaboración de CEDRO.
Una situación que repercute negativamente en la industria editorial del libro de texto, un sector que «contribuye claramente a la creación de Valor Añadido Bruto de la economía, así como a la generación de empleo, tanto directo como inducido», según el estudio. Y es que, como reflejan estos datos, «el sector de libros y prensa aporta en torno al 1 por ciento al PIB español y más del 34 por ciento del PIB en el conjunto de actividades culturales».
En este sentido, José Moyano, presidente de ANELE, añadía que «esta intervención irregular plantea serias dificultades» para la industria, como es el «decrecimiento del capital invertido». Ávila, por su parte, recordaba que también se debe tener en cuenta el actual contexto del mundo del libro: «El sector lucha en un espacio de piratería, violándose los derechos de autor, debido a la calidad ínfima de las leyes», e insistía que las editoriales son una empresa y que la repercusión de estas decisiones es el «cierre».
Políticas de gratuidad
Las políticas activas de los gobiernos regionales en materia de ayudas a las familias para los libros de texto, subraya el informe, tampoco está contribuyendo a garantizar la sostenibilidad del sector empresarial dedicado a la edición de libros y contenidos educativos.
Juan José Durán, catedrático y autor del estudio, exponía que «este contexto genera incertidumbre, problemas de gestión y de planificación empresarial», y apuntaba que «poder realizar una buena estimación de la demanda temporal de libros de texto mejoraría la utilización eficiente de una financiación limitada y aumentaría las probabilidades de que las escuelan recibieran los libros que necesitan». Sobre estas ayudas, Ávila explicaba que no se está llevando a cabo, por parte de la Administración, ningún estudio sobre el posible «impacto económico» ni se están investigando las consecuencias en la «calidad de la educación».
Como solución, desde ANELE recomiendan la disposición de un calendario y periodo de vigencia común en todas las Comunidades Autónomas para la renovación de los materiales escolares, que repercutiría en el desarrollo de un ámbito favorable para la calidad de la educación.
Y es que, según apunta este informe, tras el análisis de diferentes estudios internacionales, los buenos resultados en educación no se consiguen solamente invirtiendo más en la financiación de esta, sino que también cuenta la «calidad de la gestión realizada».
