Estudiantes de más de 50 institutos en la Comunidad Valenciana, llamados este jueves a la huelga

Imagen de Alexandra_Koch en Pixabay
Más de 50 institutos públicos del la Comunidad Valenciana, a iniciativa del Sindicato de  Estudiantes (SE), han votado votan ir a la huelga estudiantil el 11 de febrero por la paralización de la actividad lectiva, con motivo del riesgo que representa acudir a clase en la actual situación de pandemia del COVID-19 en esta región, cuya incidencia es una de las más altas del país.

En un comunicado, el Sindicato de Estudiantes señala que las UCIs valencianas son «las más saturadas de todo el estado con un 80% de ocupación, los hospitales están ampliando camas en cafeterías y gimnasios por el desbordamiento generalizado de los hospitales públicos y 7 de las 25 ciudades españolas de más de 40.000 habitantes más afectadas por la pandemia se encuentran en la Comunidad».

A su juicio, el avance del virus está teniendo un impacto «especialmente demoledor» en los centros educativos públicos: casi 1.000 grupos confinados -en las últimas semanas esta cifra se ha triplicado-, 6.000 estudiantes y 1.200 profesores contagiados y los brotes en nuestros institutos se reproducen por todo el territorio.

A pesar de ello, denuncia el Sindicato de Estudiantes, la Conselleria d’Educació y la Generalitat, donde gobierna una coalición formada por el PSOE y Coalició Compromís, con el respaldo de Podemos, «mienten descaradamente diciendo que las aulas son seguras, ocultan los datos de contagios y culpan a la juventud del desastre masivo que vivimos en la Comunidad».

«No, la culpa no es nuestra», advierte el SE, que asegura no aceptar «esta campaña infame de criminalización contra la gente joven, que somos uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, sanitaria y la pandemia. Es un verdadero insulto plantear que los contagios son responsabilidad de la población cuando se nos envía a trabajar todos los días en un transporte público masificado, pasamos 6 horas en aulas con más de 30 compañeros, se da por bueno que hagamos los exámenes presencialmente y se continúa sin invertir ni un solo euro en la sanidad y educación públicas»

El SE propone, con carácter de urgencia, el establecimiento de estas medidas en la región:

  1. Nuevo confinamiento domiciliario hasta contener la ola de contagios, acompañado de la paralización de la actividad lectiva y productiva no esencial para proteger la salud de la población.
  2. Cancelación de todos los exámenes y sustitución por otras formas de evaluación. Readaptación del plan de estudios para poder cursar todo el temario en condiciones dignas.
  3. Permisos retribuidos a todos los trabajadores y trabajadoras durante el confinamiento para poder garantizar la conciliación familiar. Ningún despido bajo la excusa de la pandemia.
  4. Puesta en marcha de un plan de choque en la educación pública. Invertir los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para acabar con la brecha digital y garantizar que todas y todos tenemos acceso a una educación pública digna, bajada de las ratios, contratación de profesorado y personal sanitario en todos los centros, instalación de máquinas de renovación del aire y filtros HEPA en todas las aulas.

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