¿Fueron espiados los niños españoles en las clases online durante la pandemia?

Educación, Andalucía y Cataluña niegan el filtrado de datos en las webs educativas durante la pandemia

El titular no podía ser más explosivo: millones de niños españoles fueron “espiados” a través de páginas web de organismos oficiales durante la pandemia. La investigación EdTech Exposed de la ONG Human Rights Watch (HRW) habla de prácticas ilegales en todo el mundo, llegando en los casos más extremos a activar sin permiso la cámara y el micrófono de los terminales de los menores. Según HRW, en España se produjeron problemas con la protección de datos de los menores en una web del Ministerio de Educación, en otras dos de las consejerías de Andalucía y Cataluña y en una web infantil de TV3.

HRW acusa

La acusación de HRW es contundente: “Los datos se recogieron en la mayoría de los casos de forma secreta y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, recopilando datos sobre quiénes son, dónde están, qué hacen en el aula, quiénes son sus familiares y amigos y qué tipo de dispositivo pueden permitirse sus familias”.

La ubicación, las visitas a diferentes páginas web o su comportamiento fuera de las clases online, fueron recogidos, al parecer, para explotar comercialmente ese conocimiento para campañas de marketing o publicidad.

Negativas

HRW señala a la web “Aprendo en casa” creada por el INTEF, del Ministerio de Educación, en donde dice haber encontrado dos rastreadores de anuncios enviaban datos de los niños a Google. En una nota remitida a ÉXITO EDUCATIVO, el Ministerio niega taxativamente la información. En ella asegura que en la web había salas de conferencia, pero los alumnos “no entraban con usuario, no se identificaban y no ofrecían sus datos a nadie (ni a nosotros ni a Google)”. Afirma, contra lo que dice HRW, que “no había posibilidad de compartir datos, ya que no había datos que compartir. Los datos de los alumnos tampoco los tenía el ministerio de Educación y Formación Profesional”. A la pregunta de ÉXITO EDUCATIVO sobre qué iba a hacer el departamento de Pilar Alegría ante una acusación de semejante gravedad, la escueta respuesta ha sido que “Los servicios jurídicos lo están evaluando”.

Cataluña y Andalucía

Muy parecida ha sido la acusación lanzada contra el portal edu365 del departamento de Educación de la Generalitat. Desde la consellería se ha asegurado a nuestro diario que se trata de “un portal que no guarda los datos de los alumnos, únicamente es un portal que comparte recursos en línea para alumnos y docentes. Es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura”. En sus propias investigaciones del portal,no se ha encontrado “ningún fichero que contenga datos personales (nombre, apellidos, dni…)”.

Educación asegura que se han dirigido a HRW para pedir una reunión, pero de momento no ha obtenido respuesta.

En cuanto a la terceras web acusada por HRW, Super3, se trata del canal infantil de TV3, la televisión pública catalana, con contenidos televisivos de entretenimiento, información y divulgación, y por tanto no es un canal educativo. La empresa ha asegurado que la recogida de datos tiene únicamente motivos estadísticos y no se comparten con nadie.

En Andalucía, según HRW, la plataforma eAprendizaje de la consejería de Educación también tenía dos rastreadores de anuncios que enviaban datos de niños a Google. La Junta lo ha negado categóricamente. Asegura que la analítica web de Google sólo medía las visitas para mejorar el servicio de las que tenían menos visualizaciones. A partir de septiembre de 2020, al volver a las clases presenciales, se deshabilitó la conexión con el sistema de analíticas de Google.

Google, potencial beneficiario

ÉXITO EDUCATIVO ha recabado la opinión de dos profesores universitarios doblemente expertos en el tema, porque dan clases de asignaturas relacionadas con el uso de la tecnología y lo hacen en universidades online, que ya llevan un largo recorrido y gran experiencia en la modalidad de e-learning. Para Fernando Checa, profesor de Marketing Digital en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que además es miembro del consejo editorial de ÉXITO EDUCATIVO, las respuestas de las administraciones son vagas y evasivas y no explican “los motivos por los que no se analizaron a fondo previamente los sistemas y se descubrió la presencia de posibles rastreadores publicitarios”.

Checa, que además es doctor en Informática, cree que “se hace hincapié en que los datos recopilados se basaban tan solo en el uso del sistema de analítica web de Google. Pero convendría efectuar un ejercicio de responsabilidad en el uso de estos sistemas. Google Analytics se ha convertido en una herramienta que se está incorporando de forma generalizada y muchas veces acrítica, en la mayoría de servicios web. Y las diferentes aplicaciones que el ecosistema de Google está desarrollando para la educación se comprueba una y otra vez que están en el punto de mira de otros servicios publicitarios”.

Velar por la protección de los datos

Silvia Prieto, directora de Innovación de la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, explica que “velar por la protección de los datos personales de los estudiantes, es uno de los pilares fundamentales de toda acción formativa que se lleve a cabo a través de los entornos virtuales de aprendizaje”. Prieto recuerda que hay un reglamento europeo que garantiza el correcto tratamiento de datos, que su uso sea transparente y que no se cedan, en ningún caso, a terceros. “Es necesario que los alumnos y, en caso de ser menores, sus tutores legales, estén informados de qué datos se van a tratar y de que el fin de dicho tratamiento sea exclusivamente educativo”. Y en el caso de los menores de edad, la información debe conservarse durante el menor tiempo posible.

El profesor Checa insiste en esta cuestión de la importancia de la seguridad de los datos a la hora de utilizar la tecnología para la formación online. “El reto ahora es blindar estos sistemas y evitar por todos los medios que un sistema de análisis que debiera mantener en todo momento la privacidad de los usuarios acabe convirtiéndose en un nuevo espacio para la generación de negocio, en este caso usando los datos más sensibles de menores”.

Y concluye pidiendo que se aclare hasta los últimos extremos lo ocurrido. “Podemos pensar que Google u otros proveedores similares tendrán que participar en dicha obligación de seguridad y privacidad, pero seríamos muy ingenuos si pensáramos que van a renunciar a una parte sustancial de su modelo de negocio. Sin duda debería llevarse a cabo una investigación en profundidad y tomarse las medidas para que esto no vuelva a suceder.»

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