Diferentes instituciones, agentes sociales y económicos, sociedad civil y gobierno balear, en el marco de la Mesa de Diálogo Social, han aprobado el documento “Compromiso por la reducción del abandono escolar prematuro”.
El aspecto más destacado del compromiso es el hecho de que supone una implicación de todos los agentes sociales y económicos en una estrategia conjunta para reducir el número de personas que tienen entre 18 y 24 años y que después de la ESO no han continuado formándose. Esta implicación se hace a través de medidas, que ya son prioritarias en el marco de actuación del Gobierno, y que ahora comprometen las organizaciones patronales, sindicatos y el conjunto de la sociedad civil en el mismo objetivo.
Uno de los principales compromisos que se derivan del documento es el objetivo compartido de reducción del abandono escolar prematuro (AEP) hasta el 24% el año 2021 e inferior al 20% en 2025.
Actualmente en Baleares hay un 26’5% de abandono escolar. Hay que tener presente que en 2002 esta situación afectaba un 39’9%, y por tanto ha mejorado significativamente, pero aún se está lejos de la media española que es del 18,3%.
La presidenta balear, Francina Armengol, ha destacado que esta hoja de ruta compartida incentiva la mejora continua de los trabajadores y quiere trasladar un mensaje a la sociedad: “Formarse es importante y tiene recompensa; formarse permite acceder a un trabajo mejor y progresar; formarse vale la pena”.
El consejero de Educación, Martí March, ha manifestado que “el abandono escolar prematuro es uno de los problemas más graves que tiene esta comunidad. Para luchar contra esta situación es necesaria una estrategia conjunta más allá del ámbito exclusivamente educativo. Desde las instituciones nos comprometemos a potenciar la educación en todas las etapas formativas; reforzar el Plan de Éxito Educativo; desarrollar los programas de formación dual; orientar la FP a las necesidades de las empresas; facilitar el acceso a la universidad; y a invertir más que nunca, como haremos el próximo año, llegando a los 1.000 millones de euros en educación”.
Compromisos aprobados
El documento tiene una serie de principios rectores como el de incrementar la inversión educativa, continuar con las políticas de prevención del absentismo, mejorar la formación de las competencias, impulsar la escuela inclusiva, mejorar y difundir la oferta de FP, actuar sobre el mercado laboral, y desarrollar el Plan Integral de Formación Profesional y el Plan Estratégico para la Educación de las Personas Adultas.
Entre estas medidas destacan especialmente el compromiso por parte de los agentes económicos y social de establecer mecanismos de preferencia por la contratación de personas tituladas en los convenios laborales y en las ofertas de empleo y la definición de criterios de preferencia para la promoción interna dentro las empresas de los trabajadores que tengan mayor cualificación profesional reconocida y para los que mejoren su cualificación inicial.
