La respuesta es afirmativa para el Observatori Universitari (Observatorio del Sistema Universitario OSU) así lo determinó en su último informe sobre el particular, difundido hace ahora casi un año y rescatado por los analistas tras la extraordinaria decisión adoptada la semana anterior por el Ministerio de Universidades de dar vía libre a las universidades a que sigan contratando esta figura laboral, aunque en su vida profesional se encuentren en desempleo, por culpa de la actual crisis derivada de la pandemia.
Porque es requisito indispensable, de acuerdo con la normativa, que el profesor asociado sea un profesional en activo, ya que ese es su principal activo, el de poder trasladar a las aulas su experiencia profesional del día a día, algo muy valorado por los alumnos, por otra parte.
Esto será así en el curso que viene de manera excepcional, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado a dicho curso. Una renovación de dichos contratos que podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
Esta decisión aprobada en Consejo de Ministros ha revivido el debate sobre si el profesor asociado es, de facto, un estorbo para la plantilla estable de docentes e investigadores o, por el contrario, una mejora de la que se benefician los estudiantes.
En su último ‘Análisis de la evolución del profesorado asociado de las universidades públicas españolas 2009-2019’, el Observatori Universitari ya advertía que las propias dimensiones de la plantilla de profesorado asociado reflejarían un “uso excesivo” de esta figura: “es difícil pensar que la mayor parte de las necesidades docentes de un departamento exijan la contratación a tiempo parcial de profesionales externos a la universidad”, apuntaban los autores del informe.
Y agregaban que el hecho de que la mayoría de las universidades “estén en situación de ilegalidad, porque su porcentaje de profesorado temporal es significativamente superior al límite legal, también indica un exceso de uso de la figura de profesorado asociado”.
El que hasta 2017-18 el profesorado asociado no dejara de aumentar mientras se reducían los efectivos del resto de profesorado sería indicativo, a juicio del Observatori, de un “proceso gradual de sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado asociado, con contrato temporal a tiempo parcial”.
La estructura por edades del profesorado asociado, mucho más joven que la del resto, indicaría también que esta figura no se está utilizando para contratar especialistas de reconocida competencia para que aporten sus conocimientos y experiencia profesionales, “sino que se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria”.
La utilización “inadecuada” de la figura de profesorado asociado ha sido denunciada por diversos informes de agencias públicas y confirmada por recientes sentencias judiciales.
El Observatori Universitari, apuntaba entonces que el crecimiento reciente del profesorado asociado podría explicarse por diversos factores: Los límites establecidos por la tasa de reposición del personal a partir del inicio de la crisis económica; las dificultades financieras de las universidades públicas, que vieron reducir sus ingresos totales un 18,4% entre 2009 y 2016; el bajo coste (por hora de clase impartida) del profesorado asociado en comparación con el de las figuras de profesorado permanente a tiempo completo; la no exigencia de acreditación para contratar profesorado asociado, y la precarización laboral provocada por el crecimiento del profesorado asociado, lo que, se recuerda en el informe, “no es exclusiva de los centros propios de las universidades públicas españolas”.
En 2018-29, los porcentajes de profesorado temporal tanto en los centros adscritos de las universidades públicas (44,7%) como en los centros propios (40,4%) y adscritos (56,3%) de las universidades privadas no están muy alejados de los que representaba en los centros propios de las universidades públicas (47%).
En cuanto al profesorado a tiempo parcial, representaba porcentajes mucho más altos en los centros adscritos de las universidades públicas (68,5%) y en los centros propios (60,8%) y adscritos (72,9%) de las universidades privadas que en los centros propios de las universidades públicas (36,9%).
Además, la sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado temporal a tiempo parcial es un fenómeno que se ha observado en Estados Unidos y en diversos países europeos.
Consecuencias, no siempre las más positivas
El crecimiento del profesorado asociado y la consiguiente precarización laboral del profesorado universitario puede tener diversas consecuencias negativas, más allá de las laborales:
- Reducir la actividad investigadora de las universidades y, con ella, de su capacidad de transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad.
- Debilitar el vínculo del PDI con la institución, lo que puede afectar negativamente a la gobernanza universitaria.
- Poner en peligro la libertad académica del profesorado al aumentar su vulnerabilidad laboral.
- Empeorar el aprendizaje del estudiantado.
Sobre las consecuencias de la crisis actual sobre el profesorado asociado, el Observatori ya auguraba lo que el Gobierno intenta paliar ahora, que el profesorado asociado “puede perder su empleo principal o verse obligado a renunciar a su condición de trabajador autónomo, y ello puede tener como consecuencia que pierda también la posibilidad de renovar su contrato con la universidad”.
El OSU está formado por miembros actuales y antiguos de la comunidad universitaria: profesorado, personal de administración y servicios y estudiantado de las cuatro universidades públicas de Barcelona (UAB, UB, UPC y UPF).
