Cada vez más profesores universitarios cuestionan la ‘dictadura de los papers’

papers académicos

Cuando un PDI, lo que se conoce como personal docente investigador, aterriza por primera vez en una universidad, la que será su trabajo, muy probablemente de por vida y porque así se lo dictó su vocación como profesor, lo primero que le será transmitido es que para hacer ‘carrera’ -pero no solo en beneficio propio, si no de la misma institución que le aloja y de la sociedad- deberá ponerse manos a la obra con los ‘papers’ académicos, pronto, en cantidad y teniendo en cuenta que habrán de ser difundidos en determinadas revistas científicas, pues no vale cualquiera, deben ser de máximo impacto. ¿Quién determina ese impacto y ese valor? En esa respuesta es donde radican unos intereses científicos, económicos, políticos, e incluso geoestratégicos no siempre claros y que son la madre de todas las batallas para la carrera profesional de los profesores universitarios.

A esa presión por publicar en estas revistas recae sobre el docente e investigador universitario se suma a que, en no pocas ocasiones, debe desembolsar de su propio bolsillo un pago para colocar su artículo científico, su ‘paper’, en una de esas revistas que los evaluadores consideran que están a la altura de las circunstancias. Porque no se trata solo del prestigio del académico por ver su trabajo recogido en una u otra revista: está en juego la reputación y el desarrollo profesional del profesor, incluyendo su categoría laboral y su salario, en forma de acreditaciones y sexenios.

En ÉXITO EDUCATIVO hemos consultado con reputados expertos que ponen el acento en la necesidad de revertir el actual sistema de reconocimientos, y, al mismo tiempo, de poner freno al lobismo, la pretendida exclusividad de determinadas publicaciones y el modo de valoración que premie la utilidad, la transparencia y la calidad por encima de la cantidad.

Daniel Arias, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada y autor de ‘La respuesta a todo’, habla sin tapujos de la oportunidad que representa para todos los investigadores de “escapar de la dictadura” que representa el modelo vigente, “y de los índices de impacto para publicar sus ‘papers’ y que sean valorados”,

Otro que no tiene pelos en la lengua es Manuel Fernández Sande, profesor e investigador en la Universidad Complutense y director de la revista científica Estudios sobre el Mensaje Periodístico, precisamente indexada en Scopus, quien asevera que “el principal problema de las ‘revistas depredadoras’ como se las llama es el sistema excesivamente cuantitativo al que se somete la evaluación de la investigación científica en España”.

Es, agrega, un sistema “muy cuantitativo” en el que se valora fundamentalmente el número de artículos y la revista en que se publican dichos artículos en todos los puestos de evaluación de la producción científica de los investigadores.

Y si alguien viene denunciando este panorama más es, desde luego, Ramón Reig, catedrático de Estructura de la Información en la Universidad de Sevilla y fundador de ‘Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación’, para quien “la paciencia ya no es la madre de la ciencia, sino la ‘producción de papers innecesarios en serie’”. El catedrático sevillano ya publicó en 2015 el artículo “La investigación dependiente: crítica estructural al sistema JCR” donde afirmaba sin tapujos que “la investigación de habla hispana posee un considerable grado de dependencia de las formas y enfoques procedentes de los Estados Unidos”, y aunque considera que “no es que sea negativo mirar a los Estados Unidos pero sí es negativo y alarmante “entregarse” a los Estados Unidos y renunciar a enfoques y estilos “tradicionales” del mundo latino y europeo”. Reig apunta directamente a quiénes están detrás económicamente de estas revistas, pues como señalaba en el mencionado artículo las investigaciones están “bajo la “soberanía” del Journal Citation Reports (JCR) que, por mucho que se nos presente como institución científica, no por eso deja de depender de una corporación: Thomson Reuters”.

El problema afecta claramente a la progresión académica de los PDI, pues hoy, denuncia Reig en ÉXITO EDUCATIVO, “se puede alcanzar en España la condición de catedrático o profesor titular en mi materia y otras de Ciencias Sociales y Humanidades sin haber sistematizado el saber en libros editados en firmas que exijan calidad, en lugar de en numerosos ‘papers’ a ser posible en inglés -otro signo de “rendimiento” a lo externo”.

David Lizcano, vicerrector de Investigación y Doctorado en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, explica que, desde hace años, existe una “imposición cuantitativa y mercantilista” para la evaluación de los profesores, investigadores, centros y planes de estudio de las Universidades y centros I+D en España en base a publicaciones ‘de impacto’.

“Puede que hace años el sistema funcionara, no lo niego, pero como suele decirse, hecha la ley hecha la trampa”. Se lamenta, como el resto de interpelados, de que en la actualidad prima más la cantidad que la calidad” y hasta “prevalece el medio más allá del contenido”.

Porque, prosigue, si la revista o editorial que publica el trabajo académico recibe muchas citas de forma anual y periódica, el trabajo “será valorado como bueno, aunque no sea bueno y quede relegado al ostracismo sin que sirva en nada para hacer avanzar la ciencia”. Por el contrario, “si el trabajo publicado es brillante pudiendo mejorar el panorama I+D+i nacional o internacional, pero el medio escogido para publicarlo no lo es tanto, entonces esa obra carecerá de validez a ojos del evaluador, ya sea la ANECA o la CNEAI”.

Arias tercia y defiende la búsqueda de “entornos seguros” para la investigación y la difusión del conocimiento, fundamental a su juicio para el desarrollo de la ciencia y el progreso de la sociedad. “En mi opinión, es esencial que existan mecanismos y redes de apoyo que permitan a los investigadores ser valorados por la calidad de sus ‘papers’ en instituciones y países que respeten y valoren la libertad académica”.

En tal sentido, recuerda que en la UE ya existe Open Research Europe como repositorio para publicar en abierto. Pero, incide, “es necesario que ese tipo de investigación sea valorada de la misma manera que ahora se hace con las publicadas en las bases de datos de Clarivate”.

Además, agrega, es necesario fomentar la colaboración internacional y la solidaridad entre universidades y científicos para proteger y promover “la integridad de la investigación en entornos adversos y, en ocasiones, controlados por las editoriales científicas a las que se paga en una doble dirección, por un lado, para publicar los papers y, por otro, para acceder a los mismos, lo que, aunque suene a perogrullo, es una realidad”.

Esa dependencia de la evaluación cuantitativa, retoma la cuestión Fernández Sande, provoca que los científicos, los investigadores y los profesores necesiten acreditar un número “muy elevado” de publicaciones. Y eso, muchas veces, “en tiempos muy cortos para poder conseguir los objetivos marcados”, que son, fundamentalmente, las referidas acreditaciones (para las distintas figuras de profesorado) y los sexenios de investigación, que están remunerados, no hay que olvidarlo”.

En ese contexto, lamenta, “hay editoriales y revistas que se aprovechan de esa necesidad de que los profesores acumulen un elevado número de publicaciones, y prestan sus servicios, generalmente muy bien remunerados, para que el profesorado, de una manera rápida y más o menos garantizada, sepa que esos artículos van a salir publicados”.

Más empresas que instituciones científicas

Ramón Reig deplora que “hay revistas JCR que son más empresas que revistas científicas”, lo que, propone, debiera ser investigado para que no paguen justos por pecadores. Reig no pone en duda, evidentemente, que los artículos de investigación son necesarios, pero, al mismo tiempo, sugiere “no cargar las tintas siempre sobre las revistas depredadoras que son sencillamente la expresión más mercantil de un nuevo negocio, un negocio presuntamente delictivo al que hay que perseguir”.

Se trata, apunta, de un “negocio derivado de quien ha observado un nicho de clientes y se ha aprovechado de ello. ¿Quién es el responsable de que ese nicho de clientes exista? ¿Son algunos de esos responsables jueces y parte?”. Son preguntas retóricas que precisan de respuestas reales, y se diría que hasta urgentes.

David Lizcano le sigue a la zaga y señala que “hay editoriales, y por qué no decirlo, investigadores (o pseudoinvestigadores) que se han especializado en salir bien en la foto, a costa, en ocasiones, de prácticas, digamos ‘poco relacionadas con el avance en la ciencia’, y que han convertido la situación en un auténtico despropósito”.

Como también editoriales que, como apuntaba antes Reig, han cambiado su modelo de financiación al acceso abierto y que, se lamenta Lizcano, cobran más de 2500 CHF (francos suizos) por publicar un artículo “que tal vez no vale para nada, como es el caso de muchas revistas de MDPI”.

Se da el caso, denuncia Lizcano, de autores que publican más de 170 obras de impacto al año, “y que posiblemente, en lo que usted lee estas líneas, acaba de publicar un nuevo ‘paper’ en una revista de prestigio sobre un tema que desconoce y con unos coautores con los que no ha cruzado una palabra en su vida”.

“Y tras todo ello”, remata, “instituciones atadas de pies y manos ante el inmovilismo imperante y naciones que en sus presupuestos estatales de impulso a la I+D dedican miles de millones de euros a costear editoriales con políticas open access cuyos fondos no paran de crecer en lejanas cuentas sitas en Suiza o en paraísos fiscales”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

¿Hay solución posible?

“¿Cuál sería la fórmula para paliar este gran problema que está lastrando el funcionamiento de la universidad y la investigación, no sólo en España, sino en muchos países?”, se pregunta Fernández Sande, quien se contesta sin más preámbulos: “Pues optar por criterios de evaluación mucho más cualitativos y selectivos, donde no prevalezca un elevado número si no más la calidad de esas publicaciones, y que se introduzcan parámetros cualitativos para realmente ser capaces evaluar esto”.

Reconoce el propio profesor titular de la Complutense que no es tarea sencilla, porque los sistemas de evaluación cualitativos, recuerda, son “mucho más costosos” que los cuantitativos. Ello requeriría de más esfuerzo financiero por parte de las administraciones y las universidades para adoptar esos sistemas, en los que prevalezca más el contenido o el impacto de ese artículo que el número e, incluso en algunos casos, el propio soporte en que está publicado.

También se podría resolver “relativizando sobre todo en algunas áreas que han asimilado el sistema de publicación mediante artículo científico, propio de las ciencias experimentales, fundamentalmente”, opina. Y lo dice porque ese sistema “se ha acabado imponiendo al resto de áreas, por lo que sería interesante tal vez buscar relativizarlo o compensarlo con otras formas de publicación, de difusión científica”.

Lizcano propone, por su parte, “soluciones válidas” como los índices H por autor, las comisiones específicas que lean los trabajos, se empapen de ellos, y puedan valorar no sólo el dónde, sino el qué y el cómo. Pero para que ello sea posible, advierte, “hace falta un cambio radical que puede hacer que muchos de los que deben respaldarlo puedan volver a salir mal en la nueva foto”.

“Realmente el problema de este tipo de publicaciones ‘depredadoras’”, concluye Fernández Sande, “es que se aprovechan de un sistema en el que prevalece la valoración cuantitativa y, en todo caso, la valoración cualitativa se limita casi exclusivamente a la publicación en la que se ha difundido esa contribución. Por tanto, al final es una valoración cualitativa muy limitada en la que, si uno ha publicado en una determinada revista y aquella está en un índice, ya se considera como un gran mérito”.

Ahí es donde, insiste, se necesita por parte de las instituciones de un “proceso de reflexión profundo, de revisión de estos sistemas… y también (y esta es una directriz que procede de Europa y esperamos que se implante en algunos años) que se valore que las publicaciones sean en abierto, que estén un poco en la línea de la ciencia en abierto”.

Y en eso están las instituciones, como Crue Universidades, el organismo que representa a los rectores y rectoras de las universidades españolas que apuestan por una reforma de la evaluación de la investigación.

Su flamante presidenta, Eva Alcón, reconoce en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO que “debemos avanzar hacia enfoques holísticos y dinámicos que busquen una evaluación más cualitativa, con indicadores más centrados en publicaciones innovadoras y menos en el número de publicaciones”.

En este sentido, subraya que es importante evitar la “mercantilización creciente” de la investigación que se manifiesta en la compra de publicaciones y en la “influencia lobista” para publicar. “Estamos convencidos de que la reforma de la evaluación debe estar alineada con la Ciencia Abierta, estrategia que Crue Universidades Españolas lleva años apoyando y que está generando un conocimiento multi e interdisciplinar, con nuevas formas de generar, comunicar y compartir resultados”.

Así, prosigue, el proceso de reforma de la evaluación de la investigación respaldado por la UE e impulsado por más de 500 organizaciones europeas, entre ellas Crue y decenas de universidades españolas, a través de CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) es, en su opinión, una “apuesta valiente y necesaria”.

Por ese motivo, concluye la rectora de la Universitat Jaume I, Crue, junto con ANECA y el CSIC, promueve la creación del Chapter español dentro de CoARA, un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo para todas aquellas entidades españolas interesadas en trabajar en esta dirección.

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