La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, podría tener que responder ante un juez por un supuesto delito de usurpación de funciones o de prevaricación en lo tocante a la orden dada por su departamento, publicada el pasado 22 de abril en el BOE, por la que se habilita a las comunidades autónomas los criterios para promocionar y titular a los estudiantes en ESO, Bachillerato y FP. En plata, que deja en manos de las CCAA fijar con cuántos suspensos se puede pasar de curso.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, de acuerdo con una información adelantada por el diario ‘El Mundo’ y ratificada después por otros rotativos como ‘ABC’ o la propia Agencia EFE, trabajaría en su investigación a la titular de la cartera de Educación sobre la base de que esa orden iría contravendría hipotéticamente la vigente ley educativa, que determina, en primer lugar, con cuántas asignaturas se puede promocionar y, en segundo lugar, incluso sería inconstitucional, ya que la Carta Magna establece que las competencias sobre la materia corresponden por entero al Ministerio.
La denuncia la ha presentado un particular y la Sala Tercera del Tribunal Supremo habría de ser la competente para entender de esta cuestión, ahora sobre la mesa de la Fiscalía del Supremo. Es así por la condición de aforamiento de la principal señalada, la ministra Celaá.
Pero, de acuerdo con las informaciones que han trascendido, no sería la ministra la única objeto de investigación, también los consejeros del ramo que en marzo asintieron la orden. No todas las comunidades, pues expresaron su rechazo Madrid, País Vasco, Murcia Andalucía y Castilla y León.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuenta ‘ABC’, habría entregado este mismo miércoles la documentación precisa sobre dicha orden, a instancias de la Fiscalía.
