La Comunidad de Madrid pide explicaciones por la nueva Ley de Universidades

La Comunidad de Madrid pide explicaciones por la nueva Ley de Universidades

Esta vez ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien personalmente ha instado al Gobierno central a que explique urgentemente cómo se van a financiar todas las medidas que se recogen en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada por el Consejo de Ministros. Ayuso se ha quejado de que desconocen los detalles de la norma que obligaría a dedicar un mínimo del 1% del PIB regional a las universidades. Eso supondría para Madrid pasar de los 1.055 millones de euros actuales, a más del doble, alrededor de 2.400 millones.

Sin consenso

Después de un Consejo de Gobierno celebrado, de forma extraordinaria, en el Ayuntamiento de la localidad de Tres Cantos, Díaz Ayuso ha criticado que la norma se haya hecho sin consenso. “Esta nueva Ley de Universidades se ha pergeñado en momentos complicados, sin apenas consenso, y, a nuestro juicio, no causan más que problemas”, ha señalado la presidenta. Madrid presentó 37 alegaciones al último borrador de la Ley, sin que ninguna de ellas se haya visto reflejada en el articulado definitivo, lo que para el gobierno regional muestra que no tiene un mínimo consenso imprescindible.

Díaz Ayuso también ha subrayado que en su opinión se rompe con el principio de excelencia para ser rector en una universidad española, al rebajarse las exigencias para poder presentarse al puesto. Una de las alegaciones de Madrid defendía que, como hasta ahora, sólo los catedráticos pudiesen acceder al cargo de Rector. La norma, finalmente, sólo contempla que sea necesario ser doctor, aunque cada universidad tiene potestad para endurecer esos criterios.  Madrid  también se opone a que desaparezca el sistema único de acreditación de docentes universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Para la presidenta madrileña esta ley “en líneas generales, como todas las que están poniendo en marcha e impulsando desde el Ministerio, o bien de Educación o bien de Universidades, van en la línea contraria de lo que necesitan los alumnos hoy en el siglo XXI, que es la excelencia, capacidad, conocimientos y formación, y, por tanto, están causando un daño tremendo a las nuevas generaciones”.

Sin información

Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, ha anunciado que va a solicitar al Ministerio de Universidades que aclare aspectos de la ley que se han modificados en el último momento, como la introducción en la concesión de las becas y ayudas, además de los criterios económicos, del “origen nacional y étnico” o la priorización de la contratación de mujeres, este ya incluido en anteriores borradores.

La representación que la LOSU otorga a los estudiantes en los órganos de gobernanza, de un 25%, es en opinión de Ossorio exagerada y va a provocar que “se les conceda voz en cuestiones que ni les competen ni pueden asumir”. Tampoco está de acuerdo con que se establezca su participación en la elaboración e implantación de los planes de estudio y de las guías docentes. “Se les deja decidir sobre aquello que desconocen porque precisamente han ido a la universidad para aprenderlo”, ha dicho el consejero.

Además critica que el nuevo texto introduzca criterios no académicos en los méritos exigibles para la consecución de un título, porque prevé otorgar créditos “por su implicación en las políticas, las actividades y la gestión universitarias, incluidas las actividades de asociacionismo estudiantil, culturales, solidarias, de cooperación y de colaboración con el entorno. Por último, la LOSU establece los “paros académicos” como un derecho porque prevé que se hagan cuando así lo decida el órgano de representación del alumnado.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí