Hace unos días la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, daba a conocer las líneas maestras sobre Educación para esta legislatura. Con la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) —aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que da lugar a su trámite parlamentario en los próximos días— quedaría derogada la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Como era de esperar, los principales agentes sociales del sector educativo no han tardado en manifestarse, aportando sus puntos de vista sobre la que ya se ha empezado a denominar como ‘Ley Celaá’.
La LOMLOE pretende fundamentarse en los principios que rigen la excelencia y la equidad. Además, en palabras de la Ministra de Educación, el proyecto de Ley de Educación tiene el propósito de abandonar la metodología que se apoya en los contenidos enciclopédicos y memorísticos, apostando, además, por una nueva ley de digitalización, reformas que tienen que ver con la profesión docente, la formación profesional, la Educación Infantil y las becas.
Uno de los aspectos más destacados —y polémicos— de la nueva Ley es lo que afecta a la educación concertada: la eliminación de la denominada como “demanda social”. El objetivo que esta modificación quiere es ajustar la admisión y la escolarización en los centros concertados sin que a la hora de planificar las plazas las comunidades autónomas puedan tener en cuenta las preferencias de las familias; también se dará una mayor importancia en el régimen de conciertos a los centros que trabajen y se organicen bajo el principio de coeducación.
Otro de los factores polémicos que introduce la nueva Ley es que la asignatura de Religión no sea obligatoria ni computar en bachillerato; por otro lado, sí que será obligatoria Educación en Valores Cívicos y Éticos en Primaria y en un curso de Secundaria que aún no se ha establecido. También se suprimen los itinerarios que marcaba los programas PMAR que derivaban a los alumnos de Secundaria a la Formación Profesional Básica cuando no conseguían promocionar, quedando bajo el criterio del centro educativo si se obtenía o no el título de Educación Secundaria Obligatoria.
De igual modo, la nueva ley de educación volverá a dar mayor control al Gobierno que decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías que poseen una lengua cooficial y el 65% en el resto de comunidades; también, se les otorga un mayor poder a los consejos escolares para elegir director del centro y estos mismos volverán a contar con un representante de los ayuntamientos. Por último, las reválidas y pruebas de diagnóstico que se desarrollan a final de Primaria y de Secundaria se sustituyen por evaluaciones muestrales y plurianuales para conocer la situación del sistema educativo sin que los resultados se puedan utilizar para generar clasificaciones de centros educativos.
Preocupación entre las patronales
Las reacciones de la comunidad educativa no han tardado en llegar a través de comunicados o notas de prensa. Escuelas Católicas ha mostrado su pesar ante el nuevo proyecto de Ley por no haber contado “con el consenso y limita los derechos de centros y familias”. Han añadido su preocupación ante la aprobación de la Ley de Educación que suprime el criterio de la demanda social e incluye un representante municipal, calificado como “comisario político”. Los centros católicos critican que la LOMLOE “considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la planificación administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas”.
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) celebraba en un comunicado hecho público tras la rueda de prensa de la ministra, por un lado, la prioridad del Gobierno de coalición en materia de educación y el impulso a mejorar la función docente, aunque “echamos en falta el equilibrio entre las tres redes educativas existentes: pública, concertada y privada. Defendemos que cualquier actualización de la Ley no será efectiva sin abordar un asunto tan relevante como es el control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos”, explicaban. También pedían que la nueva Ley de Educación incluya “mecanismos exhaustivos de control de los fondos públicos destinados a los centros concertados”. Porque piensan que la vigilancia “resulta imprescindible no solo para garantizar el buen hacer del Estado, sino para evitar una potencial segregación social ‘de facto’ dentro del propio centro escolar, ya que, en muchas ocasiones, se incurre en un claro incumplimiento de la exigencia de gratuidad en los colegios concertados, que han de ser entidades benéfico-docentes”.
De igual manera que Escuelas Católicas y FSIE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) hacían constar su preocupación por la aprobación del proyecto de la nueva ley, calificándola como “precipitada” y, volviendo a ser concurrente, porque nace “sin el necesario consenso de la comunidad educativa”. Además, apelan a la necesidad de que en el trámite parlamentario “se busque el consenso que en tantas ocasiones anteriores el partido socialista siempre reclamó”. En el comunicado de prensa, CECE considera que “el texto de este proyecto de ley recorta los derechos de las familias, cuya liberdad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones educativas”.
División de opiniones entre sindicatos
En la misma línea que Escuelas Católicas se muestra la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). Lamentan esta situación y califican a la nueva ley como una medida eventual que responde “al interés de una parte que no representa una amplia mayoría del arco parlamentario ni tampoco de la comunidad educativa y la sociedad”. Entienden que la ley “vuelve a recrearse en polemizar respecto a temas como la enseñanza concertada, la libertad de elección de los padres, la asignatura de religión o la enseñanza diferenciada, como si estos fueran en algún caso los problemas que tiene el sistema educativo”.
UGT, por otro lado, mostraba su satisfacción porque el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de Ley de Educación. Los motivos que han dado lugar a su aprobación se encuentran en que esta ley concede importancia a derechos que tienen que ver con la infancia, a la igualdad de género (mediante la coeducación), el enfoque transversal para mejorar los resultados de todos los estudiantes, la personalización del aprendizaje, el apoyo educativo al desarrollo sostenible y a las competencias digitales en todas las etapas educativas. Asimismo, aseguraban a través de nota de prensa: “Somos críticos respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5% del PIB. UGT considera esta cifra insuficiente, ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7% y no situarse por debajo de la media de la UE. Además, carece de una memoria económica que sustente al articulado”.
En ÉXITO EDUCATIVO seguiremos ampliando información según se vayan sucediendo más reacciones ante la aprobación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE).
