La Crue aplaude la nueva ley de convivencia, pese al rechazo estudiantil

Crue Universidades Españolas valora en un comunicado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria. Con esta nueva norma, subraya, se derogará el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprobaba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional, todavía vigente pese a entrar en contradicción con los principios de nuestra democracia.

No obstante, la nueva normativa no cuenta con el respaldo del estudiantado. Esta misma semana la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denunciaba que la Ley de Convivencia Universitaria aprobada este martes por el Consejo de Ministros había sido acordada sin contar con el respaldo de los representantes de estudiantes y convirtiéndolos en los principales objetivos de las medidas de castigo.

Con todo, Crue saluda que la nueva Ley de Convivencia responde a su petición para evitar que la derogación del reglamento del 54 anunciada antes del verano por el Ministerio de Universidades dejase «en una situación de indefensión a la comunidad universitaria» al no tener un nuevo marco legal de referencia.

Con la norma propuesta, destaca Crue, se colocará a la mediación como instrumento fundamental en la vida de las universidades y como método principal en la resolución de conflictos. Incluso en el caso de sanciones propone su sustitución –excepto en los casos muy graves– por procedimientos alternativos de reeducación o de servicio a la comunidad universitaria.

Las universidades tendrán que establecer sus normas de convivencia y sus comités de convivencia, que serán paritarios a todos los niveles porque afectarán a toda la comunidad universitaria, a Personal Docente e Investigador, a Personal de Administración y Servicios y a Estudiantado. «Todo esto en sintonía con los sistemas universitarios de nuestro entorno y sin menoscabo de otras actuaciones que las universidades podrán realizar de oficio, como es la retirada de títulos universitarios», apunta.

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