La figura del Coordinador de Bienestar y Protección, eje de la futura LOPIVI

Photo by Morgan Basham on Unsplash

La creación en los centros educativos de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, que habrá de velar por la seguridad de los menores en todos los ámbitos relacionados con hechos violentos, se convierte en el eje principal, y se diría que más novedoso, sobre el que gira la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, actualmente en trámite.

El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y adolescentes.

La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora de bienestar y protección, en todos los centros educativos.

Los expertos no ocultan su satisfacción por el contenido de una normativa que amplía considerablemente el marco de protección de los menores que pueden ser objeto de actos violentos en los centros educativos.

En algunos casos, el aplauso se convierte en entusiasmo, como el que admitía recientemente en ÉXITO EDUCATIVO Sonja Uhlmann, responsable de Protección de la Infancia y de Adultos Vulnerables del British Council España, para quien, siendo cierto que, dentro de la legislación de menores, está recogida la normativa vigente en materia de regulación de protección a la infancia, esta “no es suficiente, ya que el ámbito de prevención es muy reducido y, cuando una situación de abuso o maltrato empieza a manifestarse, es porque está muy avanzada”.

Precisamente, la futura legislación, en su título II, se regula el deber de comunicación de las situaciones de violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes.

Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios, centros escolares, y centros de deporte y ocio y establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet y redes sociales es especialmente sensible a estos efectos.

Otro cualificado experto consultado por ÉXITO EDUCATIVO es el director del Departamento de Criminología de la Universidad UDIMA, el doctor Abel González, quien advierte, no obstante, que el ideal no es que el Coordinador de Bienestar y Protección se convierta en mero transmisor ante las autoridades competentes, pues, aunque muchas acciones violentas las ocasionan menores de 14 años, “no entra en juego la justicia penal, sino la asistencial”.

Por este motivo, enjuicia, “el coordinador no debería tener que denunciar de manera obligatoria, porque la solución debe estar en el medio escolar. En el proyecto de ley, a esta figura se le asigna la función de denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier acto violento de manera inmediata, pero el doctor González apuesta por no hacerlo automáticamente sin haber procurado una solución previa alternativa; o al menos, un mejor y más detallado análisis de lo sucedido.

Refiere datos de la Comunidad de Madrid, en los que trabaja este profesor universitario sobre el terreno, que constatan que no hay un aumento de la incidencia del acoso escolar, “en todo caso hay una gran disminución del acoso, en cuanto al número de denuncias tramitadas y mucho mayor si atendemos a las denuncias que finalmente acaban con una medida en los juzgados de menores”. El objetivo sería evitar, en lo posible, el escenario judicial, el más traumático para todas las partes.

El rol de la policía

El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de dos artículos. El primero y fundamental asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), dispongan de unidades especializadas en la investigación y prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de edad y preparadas para una correcta y adecuada actuación ante tales casos, así como que todos los integrantes de los Cuerpos Policiales reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Aquí es donde, de momento, el doctor González observa un preliminar “problema”, pues, al menos a día de hoy, “muchos policías no están formados para estos cometidos y legalmente no pueden desarrollar labores mediadoras, son un mero transmisor de la información a la Fiscalía de Menores”.

“Sí, es muy positiva la figura del coordinador, en términos generales, sobre todo si los planes de cada centro educativo están acorde a la evidencia científica”, subraya el profesor, quien hace hincapié en la necesidad de “promover la formación del coordinador en recogida y análisis de datos, además de conocer los planes de prevención e intervención más efectivos”.

De lo que no le cabe duda alguna a Sonja Uhlmann es que “en lo que más debemos mejorar es en la prevención y la actuación temprana, ya que así se podrán evitar muchas situaciones que se están dando sin tener conocimiento de ellas. Y, parte muy importante de esto, es abrir canales de comunicación y establecer figuras de referencia a las que los niños y niñas puedan recurrir para obtener ayuda”.

Ligando con las alusiones antedichas por el doctor González, la responsable en esta materia en British Council recuerda que “el sistema jurídico/penal muchas veces desestima o archiva casos debido a la ‘falta de pruebas’, ya que el testimonio de un niño o niña para mucha gente no suele ser creíble, por lo que no se castiga realmente como se debería”.

De ahí que urja la aplicación de una nueva regulación legal, pues, a la pregunta de cuál sería el estado de la cuestión en la actualidad en este ámbito, su respuesta no se anda por las ramas: “España hoy no cuenta con un modelo adecuado de protección”, razón por la que “muchos esperamos que la LOPIVI nos dé respuesta”.

Respuestas, entre otras, en forma de castigo. La LOPIVI crea nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas. Es solo cuestión de tiempo, después, por cierto, de mucho tiempo; demasiado y tarde ya para muchos.

Éxito Educativo
Author: Éxito Educativo

Redacción de Éxito Educativo, información sobre la actualidad educativa, especialmente toda la relacionada con la gestión lo centros.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here