Medios onubenses se han hecho eco de la intención que tiene la Delegación de Menores del Ministerio Público de Huelva de perseguir aquellos casos de acoso escolar que sean eludidos por los docentes. Llegando, incluso, a imputarlos, por omisión, al no activar el Protocolo de Acoso Escolar establecido, ni tampoco poner en conocimiento de las autoridades correspondientes sobre una situación de bullying o ciberbullying; pudiendo conllevar esta situación pena de prisión por dos años.
El propio fiscal delegado de Menores, Alberto Campomanes, ha sido el encargado de confirmar que ya se encuentra en marcha este hecho a Huelva Información. El fiscal delegado, además, hace referencia, en estas misma noticia, a lo difícil que resulta hacer frente al acoso escolar que en muchos casos comienza antes de que los niños cumplan los catorce años y detalla que no se puede empezar una investigación, porque los menores que se ven envueltos en estas situaciones no son responsables del delito penal.
A continuación, Campomanes se pronuncia sobre situaciones de acoso en la escuela con menores de edades más inferiores, donde la responsabilidad recae sobre el personal del centro educativo, la Junta de Andalucía o la Inspección. Campomanes afirma que el Protocolo de Acoso Escolar de Andalucía “plantea bastantes problemas” y, continúa aclarando, que resulta “insuficiente” para poder iniciar una investigación y ni tampoco “obliga a los centros a dejar constancia de elementos importantes (por ejemplo, cómo se detecta la situación, qué cosas se hacen); únicamente tienen que hacer un acta de la reunión que se mantiene con los padres”. A lo anterior, añade que es una situación que se extiende a toda España.
Por estos motivos, la Fiscalía de la Sala de Menores del Tribunal Supremo ha dado luz verde a considerar “responsable civil al titular del centro educativo, incluso antes que a los padres” de aquellos menores que sean infractores. Alberto Campomanes, por su experiencia, asegura que muchos docentes saben cómo deben actuar en situaciones de acoso escolar, pero no hacen nada para solucionarlo, aclarando, en este sentido, “primero usted tiene que incoar el protocolo, lo pone en funcionamiento, comprueba lo que considere y, si efectivamente usted –después de hacer una mínima averiguación– piensa que no hay nada, lo archiva”.
Tecnología para detectar el ciberacoso y el acoso sexual
Otra de las novedades que tratan de combatir los casos relacionados con el bullying en el ciberespacio es la aplicación denominada como ‘Jimcrick’ –dirigida a niños de 8 a 14 años– y que ha sido creada por Óscar Trabazos, especialista en el sector digital que ha llegado a trabajar para el Ministerio de Interior con el propósito de detectar posibles amenazas terroristas en internet, y tecnología desarrollada por la empresa Alone Digitally (NAD).
La inteligencia artificial de la que dispone la aplicación es capaz de reconocer si un menor está sufriendo acoso. De esta manera, la plataforma digital manda una notificación a los padres para informarles y acompañarlos indicando la manera en la que deben actuar.
Esta aplicación, protegiendo la intimidad del menor, puede reconocer en las redes sociales algunas palabras clave o un cambio determinado en las conversaciones del niño, por la actitud y su conducta. La inteligencia artificial es la encargada de aprender los patrones habituales del niño y a partir de ahí es capaz de marcar un índice de riesgo. Los padres son los responsables de aceptar el consentimiento o no para poder utilizar los servicios de esta plataforma.
