La Generalitat de Cataluña impulsa la integración a la red pública de centros concertados

Barcelona

El Colegio Inmaculada Concepció de Barcelona pasará a formar parte de la red pública a partir del curso 2020 a 2021. Esta es la primera vez que un centro concertado con alumnado se incorpora a la red de centros públicos en Barcelona, ​​y responde a la voluntad expresada tanto por el Departamento de Educación como por el Ayuntamiento de Barcelona de propiciar la incorporación de centros de titularidad privada en la red de centros públicos cuando cumplan con los criterios establecidos por la normativa y cuando haya acuerdo con las titularidades de los centros correspondientes.

Este curso 2019-2020 ya se incorporó el edificio del antiguo colegio San Vicente de Paúl en el distrito de Sants-Montjuïc como nuevo centro público. Ahora se da un paso más y se incorporará el colegio Inmaculada Concepció, con 140 años de historia y una destacada tradición pedagógica en el distrito del Eixample. Por primera vez, y a diferencia de San Vicente de Paúl, la adhesión se hace de forma inmediata, de un curso para otro, y con alumnos escolarizados. En este curso 2019-2020 están escolarizados unos 400 alumnos.

Decreto para integrar los centros educativos concertados en la red pública

La decisión se toma al amparo de la iniciativa anunciada hace unos meses por el Departamento de Educación en la que abre la puerta al cambio de titularidad de escuelas concertadas a públicas, con la aprobación del Decreto Ley 10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de integración de centros educativos en la red de titularidad de la Generalitat. El objeto de este Decreto Ley es fortalecer el sistema educativo activando los procesos de integración en la red pública de centros que son de titularidad de entes locales y privados, establecer un procedimiento para cambiar titularidades de los centros con el fin de mejorar las condiciones en que se resuelven las necesidades de escolarización.

Para poder aplicarlo, deben cumplirse una serie de requisitos: que haya necesidades de escolarización, es decir, que la oferta actual de plazas públicas no sea suficiente; y que se haga de común acuerdo entre el centro educativo y el departamento de Educación. Aparte, se hace un análisis del centro para valorar la viabilidad de la conversión a escuela pública, teniendo en cuenta aspectos como el equipamiento (metros cuadrados del edificio y la superficie de patio), la situación económica y los recursos humanos de que disponen. El Consorcio de Educación, una vez valorados todos estos parámetros ha validado la viabilidad de conversión de este centro en la red pública. El decreto da respuesta a una serie de urgencias del sistema educativo, como por ejemplo, a la voluntad de algunos entes locales que sea el Departamento de Educación el que asuma la titularidad y la gestión; una sostenida variación de la tendencia de matriculación en cuanto a los porcentajes entre escuela pública y concertada; un aumento notable en la demanda de plazas públicas, y en la falta de suelo donde poder sacar adelante nuevas construcciones de centros públicos.

Más centros de titularidad pública en el Eixample

La medida servirá, según la Generalitat, también para avanzar en «la necesidad de equilibrio en el distrito del Eixample entre el número de residentes, la preferencia de las familias y la oferta de educación pública y concertada».

En la zona del Eixample de Barcelona hay 17 centros públicos y 28 concertados, con un total de 2.035 plazas escolares. En su conjunto, la oferta entre pública y concertada puede dar respuesta al total de niños escolarizados, pero la demanda de plazas de escuela pública por parte de las familias ha tenido un fuerte incremento en los últimos cursos y la oferta existente en este momento no es suficiente para atender la necesidad de plazas, teniendo en cuenta las preferencias de las familias. En el curso 2019-2020, para las 825 plazas públicas, hubo 934 solicitudes de demanda, mientras que en la concertada, por las 1.200 plazas, una demanda de 836 plazas.

El Departamento de Educación justifica en su nota de prensa la decisión de estos cambios de titularidad al analizar «la evolución de los últimos cursos se ve como la preferencia de las familias por plazas públicas ha ido creciendo progresivamente desde el curso 2016-2017 pasando de las 770 solicitudes a las 934 en el periodo de preinscripción».

 

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