La Justicia da la razón al colegio Juan Pablo II en favor de la libertad de expresión

Libertad de Expresión

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo ha dado la razón al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, frente a multa impuesta por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El director del colegio había sido multado con 1.000 euros por ejercer su derecho de crítica, en este caso a la Ley LGTBI de la Comunidad.

En la demanda interpuesta se pone de manifiesto que se han violado los “derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y de comunicación, así como los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia y el así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza”.

En el inicio de curso 2016-2017, el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en una carta dirigida a las familias, criticó la ley aprobada en el mes de julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ni el colegio ni la institución titular, la Fundación Educatio Servanda, recibieron queja alguna de ninguna familia del centro.

Pocos días después, la Consejería de Educación inspeccionó minuciosamente al colegio sin encontrar motivo alguno de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela. La fiscalía no encontró ningún ilícito penal “…al no rebasar los límites del derecho constitucional a la “libertad de expresión”, y concretamente a la “difusión de ideas u opinión”, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del Director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia“.

La Consejería decidió multar al director del Colegio con 1.000 euros. Pero ni el director ni la Fundación Educatio Servanda, se conformaron con asumir una sanción que dejaba de vulnerar derechos fundamentales de las personas, afirman desde la Fundación.

En la sentencia, que es firme, se indica que la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016 (FD 1º de la Orden de 19 de septiembre de 2017), y en este punto la doctrina constitucional relativa a la garantía constitucional del derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción, sostiene que desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación. Siendo esto así, el contenido de la carta del recurrente, y las expresiones descontextualizadas por la Administración, lo que reflejan es el desacuerdo del recurrente con una norma jurídica”.

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