La Justicia devuelve el importe de una sanción al director del colegio Juan Pablo II

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Al director del Colegio Juan Pablo II Carlos Martínez, la Comunidad de Madrid le ha devuelto el importe de la sanción de 10.000 euros impuesta. A esta cantidad hay que sumar los intereses generados y parte de los costes procesales del juicio, al ser una sentencia firme.

Hace tres cursos Carlos Martínez cuestionó en una carta dirigida a las familias la ley aprobada en el mes de julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ninguna familia se quejó de la carta.

Sin embargo, por la presión de algunos medios de comunicación, la Consejería de Educación inspeccionó detenidamente el colegio. Al término de la inspección se consideró que no había motivo alguno de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela.

A su vez, la fiscalía tampoco encontró ilícito penal alguno “…al no rebasar los límites del derecho constitucional a la “libertad de expresión” y, concretamente, a la “difusión de ideas u opinión”, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia”.

Sin embargo, la Consejería de Políticas Sociales, sancionó al director del colegio con una multa de 1.000 €. Carlos Martínez, y la la Fundación Educatio Servanda, consideraron que se atentaba contra los derechos fundamentales de las personas. En su demanda, Educatio Servanda, interpuso una demanda en la que se ponía de manifiesto la violación de los “derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y de comunicación, así como de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia y el así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza”.

Los tribunales le dieron la razón a la Fundación Educatio Servanda, y en una sentencia instaba al organismo autonómico a devolver el importe de la sanción más los intereses y las costas del proceso.

En la sentencia se recordaba que la “la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016 (FD 1º de la Orden de 19 de septiembre de 2017), y en este punto la doctrina constitucional relativa a la garantía constitucional del derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no solo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción, sostiene que desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación. Siendo esto así, el contenido de la carta del recurrente, y las expresiones descontextualizadas por la Administración, lo que reflejan es el desacuerdo del recurrente con una norma jurídica”.

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