La Ley andaluza de autoridad del profesor prevé la presunción de veracidad tanto para docentes como para directores

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La futura Ley andaluza de reconocimiento de autoridad del profesorado contempla la presunción de veracidad tanto para docentes como para directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias.

El texto también recoge fomentar la seguridad y una mayor valoración social de la labor del profesorado con el desarrollo de protocolos de actuación que permitan articular la asistencia y apoyo al docente, así como el compromiso de poner en marcha políticas y campañas que pongan en valor la función docente.

La futura ley establece que su ámbito de aplicación se extenderá también al conjunto de actuaciones fuera del horario lectivo que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado, y que requieran la presencia de profesores.

También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado con inclusión del ciberacoso y actos de naturaleza similar siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.

Asimismo, la nueva norma fija la protección jurídica del docente con rango de Ley, ya que se establece no solo el derecho a la asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente público sino que se desarrolla garantizando por la Ley la representación y defensa en juicio en cualquier órgano y jurisdicción.

La nueva normativa acaba de superar en el Parlamento el debate a la totalidad. Casi 34.000 conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, entre agresiones, insultos y humillaciones a docentes se producen cada año en los centros públicos andaluces, según datops de la Consejería andaluza de Educación y Deporte con datos recogidos del sistema Séneca.

Las agresiones a docentes han crecido de manera significativa en la última década. Así, en el curso 2018/19 se registraron más de 12.600 agresiones físicas a miembros de la comunidad educativa, 2.000 más que en el 2016/17. Además, del total de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que incluyen también injurias, vejaciones y humillaciones o amenazas y coacciones llegaron a las 33.745, un 10% más que hace dos cursos.

Este dato implica que como promedio más de un 30% de los docentes en los centros públicos sufre cada año una agresión de algún tipo que atenta contra su labor y su bienestar.

Éxito Educativo
Author: Éxito Educativo

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