La libertad de elección de lengua, el “desaguisado lingüístico” de Ximo Puig, llega a las Cortes Valencianas

Las Cortes Valencianas debatirán una proposición de ley, a iniciativa de VOX, por la que se modifica su Reglamento de modo que permitirá que una Iniciativa Legislativa Popular sobre la Ley de Libertad de Elección de Lengua, a instancias de la organización Hablamos Español, podrá ser defendida en el Pleno.

La proposición de VOX tiene casi garantizado el apoyo del PP, y se tramitará por lectura única. La Ley de Libertad de Elección de Lengua fue presentada por Hablamos Español ante las Cortes Valencianas como Iniciativa Legislativa Popular, que logró avalar con el cuádruple de firmas certificadas legalmente exigidas.

Según informa Hablamos Español, las Cortes Valencianas han estado incumpliendo desde hace cinco años el mandato de la ley que regula las Iniciativas Legislativas Populares, negándose a adaptar el reglamento de las Cortes a la Ley de 2017, que las regula.

La ley, según Hablamos Español, obliga a cambiar el Reglamento para que las personas que no son parlamentarios puedan intervenir en el Pleno de las Cortes. Sin ese cambio, Hablamos Español no podía defender y someter a votación su Ley de Libertad de Elección de Lengua, lo que “suponía un agravio a las decenas de miles de personas que firmaron de forma certificada la ley, y en especial, a los voluntarios de Hablamos Español en la Comunidad Valenciana, que trabajaron denodadamente durante tres años”, señala en una nota.

Finalmente, la presión ejercida por Hablamos Español sobre el PP y VOX ha permitido la tramitación de su Proposición de Ley de acuerdo con la Legislación de Iniciativas Legislativas Populares. La formalización de este cambio del Reglamento podría llevarse a cabo en el Pleno del 28 de febrero lo que permitiría a Hablamos español, poco después, defender su ley ante el Plenario.

Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, lamenta que la suya haya sido la Iniciativa Legislativa Popular de “más larga tramitación” en la historia parlamentaria de España, “pero bien está lo que bien acaba”. “Esperamos que esto sea una realidad en el amplio sentido de la expresión y que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía con una legislación lingüística homologable a la de todas las democracias con más de una lengua oficial, basada en el respeto a la cooficialidad y a los derechos lingüísticos de todos”, agrega.

El ‘desaguisado lingüístico’ en la Comunitat

Hablamos Español denunció, día sí, día también, lo que llamó el ‘desaguisado lingüístico” en la Comunidad Valenciana impulsado por el Gobierno de socialistas y Compromís. Tanto PP como VOX prometieron que acabarían con la imposición lingüística, a lo que se comprometieron de un modo “bastante específicos” en cuanto a lo que harían en la enseñanza para acabar con la inmersión obligatoria en lengua regional, que se estaba implantando “a marchas forzadas” en el sistema educativo.

Ambas formaciones políticas, que hoy gobiernan desde las últimas elecciones autonómicas, defendieron en público la libertad de elección de lengua, y que sean las familias las que elijan la lengua vehicular en la enseñanza, tal y como propone Hablamos Español.

Pero, allá por el otoño pasado, Hablamos Español observó con preocupación que el nuevo gobierno valenciano no terminaba de arrancar los motores. La realidad es que los libros de texto no podrán cambiarse por ahora, porque se seguirá lo establecido en la normativa que busca evitar que las familias tengan que hacer ese gasto de forma frecuente. Pese a ello, Hablamos Español sostienen que la Consejería de Educación “debería hacer un esfuerzo económico en este caso para adaptar los libros a la lengua vehicular de las asignaturas, si esta se cambia”.

Analizando los datos de las localidades de “predominio castellano”, Hablamos español denuncia que “hay no pocos colegios de estas zonas, donde se imparten más horas en lengua regional que el mínimo establecido” y advierte que “no es de esperar que esos Consejos Escolares sean proclives a cambiar sus proyectos lingüísticos”.

Por ejemplo, en San Vicente del Raspeig, en Alicante, hay 4 centros de Primaria con más asignaturas en valenciano que las exigidas y un centro con Plan Experimental de Inmersión. De sus 4 IES, uno tiene más valenciano que el exigido y otro tiene Plan Experimental. “¿Piensa la Consejería que será fácil arreglar la situación de estos centros? ¿Qué van a hacer con los planes experimentales?”, se preguntó en su día Hablamos Español.

Hablamos Español ha evaluado la situación actual y señala como positiva la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada en 2022, y del Consejo Social de las Lenguas, creado en 2018. Este tipo de organismos, recuerda Hablamos Español, tienen la función de “crear un falso victimismo para amparar la discriminación hacia los hispanohablantes, además de llevar la esencia del chiringuito lingüístico”.

También saluda los cambios normativos para que todos los alumnos de la comunidad, también los que vivan en población declarada de “predominio castellano”, cursen la asignatura de valenciano. “Nos parece bien el aprendizaje de la lengua regional de forma sensata, sin adoctrinamiento y en el marco de un sistema de elección de lengua vehicular”.

Algo “tibio” le parece a la organización social es que se hayan suspendido varios apartados de la Ley de Plurilingüismo, de modo que se podrán cambiar los proyectos lingüísticos; ya no será obligatorio estudiar al menos un 25% de asignaturas (con una troncal) en valenciano, pero solo se aplicará al alumnado de localidades declaradas castellanohablantes, discriminando a los demás alumnos hispanohablantes de la comunidad.

Además, advierte, en la letra pequeña “nos dicen que ese cambio no lo decidirán las familias, sino los consejos escolares que, en no pocas ocasiones están mediatizados y que ya han optado por aprobar proyectos lingüísticos con poca presencia del español”.

Lo que más le parece a Hablamos Español negativo del nuevo estado de cosas, es que las familias siguen teniendo que reclamar su derecho a recibir las comunicaciones, también, en español. La Consejería, lamentan, se niega a extender este derecho, que ampara la Constitución española. “Tampoco quiere garantizar el derecho a responder los exámenes en español y nos lo está poniendo muy difícil, también, para reclamar que se imparta, al menos, el 25% de español en algunos centros donde hay inmersión de troncales en valenciano”.

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