La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado los objetivos de su departamento para los dos próximos años en una intervención, la primera desde su nombramiento, en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado.
Tal vez la única novedad tiene que ver con la reforma de la carrera docente, que va a ser más exigente. Además, y según una nota del ministerio de Educación, la ministra ha destacado como puntos más importantes el trabajo por garantizar la presencialidad en un entorno seguro durante la pandemia, la aprobación y desarrollo de la Ley de Formación Profesional y el Plan de Modernización, el desarrollo de los nuevos currículos y completar el proceso de creación de 66.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años.
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Pilar Alegría también ha excplicado que el Ministerio impulsará una nueva regulación de las enseñanzas artísticas y seguirá avanzando en el proceso de digitalización del sistema educativo. Por último, con carácter transversal a todas estas acciones, el Ministerio se fija como objetivo la ejecución con la mayor eficacia y diligencia de los proyectos que le corresponden dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea.
Formación y carrera docente
Un compromiso del Ministerio, ha dicho Pilar Alegría, es la reforma de la carrera docente. La intención del ministerio es que el Máster en Formación del Profesorado, que es habilitante para ejercer como profesor en Secundaria, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, pase de uno a dos años. También quiere que se incremente el prácticum, el periodo de prácticas que deben realizar tanto los alumnos del Máster como los estudiantes del Grado de Magisterio para Infantil y Primaria, lo que hará un poco más costoso el acceso a la carrera docente.
Se ha convocado para las próximas fechas la mesa de negociación con los sindicatos y la Comisión General de Educación con las comunidades autónomas para comenzar a abordar de manera integral el modelo de formación y de desarrollo profesional docente que hoy necesita el profesorado, ha anunciado Pilar Alegría.
Se trata de una reforma educativa sustancial y delicada, que no se ha abordado desde hace cuatro décadas, pero que es hoy más necesaria que nunca, ha señalado la ministra.
Aulas y COVID
La ministra ha destacado el esfuerzo de toda la comunidad educativa y el respaldo financiero del Gobierno, que ha permitido que las escuelas se hayan mantenido abiertas y garantizando el derecho a la educación en un entorno seguro a todos los niños y niñas.
En este sentido, ha recordado la inversión que ha calificado de “sin precedentes” que ha realizado el Gobierno y que “está permitiendo mitigar los efectos negativos de la pandemia”. En el año 2000, el Gobierno distribuyó 2.000 millones del fondo COVID a las comunidades autónomas para educación. En 2021, se aprobaron 13.500 millones de dotación adicional para reforzar los servicios públicos, entre ellos la educación. En 2022, los Presupuestos Generales del Estado prevén una nueva partida de 7.000 millones para combatir los efectos de la pandemia.
Búsqueda del consenso en la Ley de FP
Respecto a la Ley de Formación Profesional, que se encuentra actualmente en el Senado, la ministra ha manifestado su voluntad de ampliar el consenso logrado en el Congreso, donde sólo el Partido Popular voto en contra y el resto de grupos voto a favor o se abstuvo.
“Seguimos tendiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, y en especial al Partido Popular, para tratar que la ley salga del Senado incluso con más apoyos todavía de los logrados en el Congreso”, ha señalado.
La transformación de la Formación Profesional, ha recordado, no se limita a actualizar unas enseñanzas del sistema educativo, sino que está llamada a ser un pilar determinante para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país, y para el bienestar social de cada uno de los ciudadanos.
La memoria económica del proyecto de ley contempla hasta el año 2025 una inversión de 5.474 millones de euros, de los que 1.546 provendrán de los fondos europeos.
Reforma del currículo
Otro objetivo del Ministerio es el desarrollo del nuevo currículo, que nace de la ley de Educación, LOMLOE, aprobada hace un año. Según el ministerio, responde a la necesidad expresada por los expertos de preparar nuestro sistema educativo a las nuevas formas de aprender en una sociedad en la que han cambiado radicalmente las vías de acceso al conocimiento.
El nuevo currículo está pensado, ha explicado la ministra, para favorecer las metodologías innovadoras, el trabajo colaborativo del profesorado y la necesaria flexibilidad y autonomía de los centros. Se trata de un currículo más competencial, aplicado, práctico, adaptado a situaciones de aprendizaje reales, basado en aprendizajes más profundos, que en ningún caso supone reducir la calidad de nuestro sistema educativo, ha insistido.
“Nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, no van a aprender menos ni a esforzarse menos con el nuevo currículo, pero sí necesitan aprender de forma diferente. No podemos quedarnos anclados en cómo fuimos educados en un pasado que, por otra parte, ningún dato permite sostener que fuera mejor, tampoco desde el punto de vista educativo”, ha dicho.
Educación infantil
Por otra parte, la ministra ha abordado la creación de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años. España es el quinto país de la Unión Europea con mayor nivel de escolarización entre los 3 años y el inicio de la Primaria, con una tasa del 97,3%, cuatro puntos y medio por encima de la media europea. Sin embargo, en la etapa de 0 a 3 años, la tasa de escolarización es del 38,2%, con un fuerte aumento en la última década y grandes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, con diferencias de más de 35 puntos.
También se da una gran desigualdad en la tasa de escolarización según la renta familiar (26,3% en las familias de menos renta frente a 63,5% en las rentas más altas). La principal razón para no escolarizar a niñas y niños antes de los 4 años es el no poder asumir el gasto que conlleva, según dicen más de la mitad de las familias (el 52,4%).
El Gobierno ha aprobado el pasado mes de noviembre una inversión de 670 millones de euros para la creación de 65.382 plazas públicas y gratuitas, procedentes del mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta es, ha señalado la ministra, una medida de gran impacto social. Facilitará a las familias la escolarización de sus hijos desde la primera infancia, aliviará la economía de muchas parejas y de familias monoparentales y les permitirá reincorporarse antes a la vida laboral activa.
Es también una medida de gran impacto educativo, ha añadido la ministra. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que los alumnos de quince años que asistieron a educación infantil tienen mejores resultados en el estudio PISA que aquellos que no lo hicieron, incluso aunque provengan de entornos socioeconómicos desfavorables.
Equidad y excelencia del sistema educativo
Por último, la ministra ha recalcado que es un error contraponer calidad o excelencia frente a la equidad, dado que una educación que no logre cotas relevantes de equidad nunca será una educación de calidad. “Uno de los signos de los tiempos que vivimos es que en muchos países se ha ralentizado o detenido el llamado ascensor social”, ha dicho.
“Esto es lo que persigue la reforma educativa que tenemos en marcha, aumentar simultáneamente la calidad y la equidad. No podemos aspirar a menos”, ha añadido.
Para ello, además de reformas en contenidos y metodologías, hacen falta sobre todo recursos económicos, ha recordado. En el año actual, el presupuesto del Ministerio supera por primera vez los 6.000 millones de euros, hasta los 6.036 millones. Si se descuentan los fondos europeos y el presupuesto de Formación para el Empleo, para poder comparar exclusivamente los programas de Educación y FP, el Presupuesto de 2022 es más alto que el de 2021 y un 34% más elevado que el de 2018.
Este esfuerzo presupuestario ha permitido, entre otras medidas, aumentar la inversión destinada a las becas, una de las principales herramientas en política de equidad. En concreto, los recursos dedicados a becas se han incrementado un 44% en cuatro años: de 1.493 millones en 2017 a 2.149 millones en 2022. Esto hará posible que 986.000 estudiantes se beneficien de una beca en la actual convocatoria, unos 200.000 más que hace cuatro años.
