La nueva ley de universidades inicia su andadura legislativa

Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha presentado al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación y el resultado de un proceso de consulta que el Ministerio de Universidades ha llevado a cabo durante el último año con los diferentes actores del sistema universitario, agentes sociales, órganos colegiados y grupos parlamentarios.

Este proceso de consulta ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPYME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria.

Entre las novedades, en la LOSU se introduce, por primera vez, la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente del profesorado por parte de las universidades y el impulso de la innovación docente.

También se intensifica la importancia de las diferentes agencias, nacionales y autonómicas, de evaluación y acreditación reconocidas en Europa para reconocimiento de títulos y de la carrera del personal docente e investigador.

Igualdad y género

Entre las medidas de equidad de género se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos y los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

Así mismo, un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios, acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

A su vez, se incorporan otras medidas antidiscriminación como el cupo de discapacidad, la adecuación de los edificios y entornos universitarios para que sean accesibles, la no discriminación en el acceso a la universidad y en los derechos de los y las estudiantes, entre otras medidas.

Investigación

la LOSU otorga una alta relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación.

Las universidades públicas deberán establecer una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores e investigadoras, promocionando el liderazgo de los y las jóvenes investigadoras, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Nueva carrera académica

Uno de los principales problemas que afrontan las universidades es la situación de precariedad en la que se encuentra parte de su personal, principalmente del profesorado asociado. Acabar con esa situación estructural de precariedad se ha convertido en una demanda principal de muchos de los actores de la comunidad universitaria, conscientes de la relación directa que tiene con la calidad de la enseñanza.

Así, la nueva LOSU dota de diferentes herramientas y dispositivos legales a las universidades para hacer frente a dicho problema y sentar así las bases que permitan terminar con esta situación de precariedad.

Primero de todo, a través de una definición predecible y estable de la carrera académica con tres niveles de progresión: incorporación, consolidación y promoción. En segundo lugar, reduciendo la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la LOU al 20%. En tercer lugar, la ley contempla un aumento en la estabilización, pasando del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Esta nueva ley ofrece además varias vías de entrada y estabilización a la carrera académica al profesorado asociado que no cuente con un trabajo principal fuera de la universidad y desee hacer carrera académica.

Por un lado, establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de doctor y con una relación contractual previa mínima de cinco años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

Por otro lado, se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de doctor. Por último, la LOSU introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

Internacionalización de las universidades

La nueva ley tiene también como objetivo aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, fomentando alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras y los doctorados de cotutela internacional.

Garantiza la movilidad nacional e internacional del profesorado universitario, del estudiantado y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+. Asimismo, modifica la figura actual del profesor y profesora visitante e introduce una nueva de profesorado distinguido para atraer talento a la universidad.

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