La enseñanza privada, a través de sus dos principales patronales ACADE y CICAE, ha mostrado su malestar ante el anuncio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de solo dar becas de bachillerato a los centros concertados.
El Presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Juan Santiago, se ha dirigido al Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, para manifestarle el rotundo rechazo de ACADE al anuncio realizado según el cual, para el próximo curso 20/21, las becas de bachillerato solamente estarán disponibles para alumnos de 4º de ESO de colegios concertados.
ACADE considera que esta decisión es claramente discriminatoria, tanto para los centros privados no sostenidos con fondos públicos, como para las familias y alumnos que optan por ellos en función del derecho a la libre elección de centro que establece la Constitución. Para esta patronal “esta discriminación es especialmente grave en tanto en cuanto las familias que eligen para sus hijos un centro privado no sostenido con fondos públicos pagan dos veces por la educación de sus hijos, financiando por un lado los centros públicos y concertados a través de sus impuestos y abonando la matrícula que del centro al que libremente han decidido llevar a sus hijos”.
Asimismo, ACADE considera manifiestamente injusta la decisión, por cuanto este cambio hará que prevalezca el criterio de tipología del centro frente al de renta familiar del alumno, a la hora de la concesión de las becas. Para la organización que representa a la enseñanza privada en España, existen alumnos en los colegios privados que cumplen con los criterios de renta y que no podrán acceder a una beca única y exclusivamente por haber elegido un centro privado para cursar sus estudios.
El presidente de ACADE solicitó una reunión urgente con el Consejero de Educación para tratar este tema antes de la publicación de la orden que regula la concesión de este tipo de becas.
Por parte de CICAE se solicitó, antes de la publicación de la Orden, una reunión con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, para abordar los criterios de acceso a las becas de Bachillerato. Para este colectivo, “el Bachillerato es una etapa educativa privada tanto en un colegio concertado como en uno privado independiente”, por lo que Elena Cid, directora general de CICAE, señala que “resulta incomprensible que la Comunidad discrimine a los Bachilleratos de los colegios privados, cuando son igual de privados que los de los centros concertados. Estas ayudas no se dan ni a la privada, ni a la pública, ni a la concertada, sino que estas becas son para el alumnado con unas rentas muy bajas y le permiten tener la oportunidad de acceder a otras opciones educativas”.
Aunque el objetivo de estas becas es dar la oportunidad a los alumnos para que continúen sus estudios en el colegio donde estaban escolarizados, la directiva de CICAE señala que “no entendemos que este curso se limite a los alumnos únicamente de Bachilleratos privados cuyos colegios tengan la secundaria concertada. Este requisito no tiene sentido para el estudiante, de lo que se trata es de brindarle la oportunidad de elegir libremente un Bachillerato de calidad. Reiteramos que los beneficiarios de estas ayudas son los estudiantes, no los colegios, pues estas becas no cubren el coste del puesto escolar en ningún caso; los centros las asumen como responsabilidad social hacia los alumnos”.
CICAE considera que dejar fuera a una parte de los Bachilleratos privados supone coartar la verdadera libertad de elección de centro de las familias, tan proclamada por el actual Gobierno de la Comunidad, que resulta incompatible si solo se permite un modelo educativo. Este tipo de medidas, además, dificultan el desarrollo de opciones educativas independientes y va en contra de la libre competencia. Asimismo, manifiesta su malestar ante la falta de comunicación y respuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con el sector de enseñanza privada independiente.
La asociación, además, ha trasladado esta cuestión a sus servicios jurídicos, que están analizando la legalidad de una medida que discrimina al sector de enseñanza privada e independiente.
