La RAE dicta sentencia: “El encadenamiento de leyes educativas no ha supuesto una notable mejora de la educación”

Podría decirse que la Real Academia Española se ha soltado la melena o, si se consiente por el lector seguir con las licencias literarias, ha dejado de tener pelos en la lengua. En su informe ‘La enseñanza de la lengua y la literatura en España, con especial atención al uso, el conocimiento y el aprendizaje del español’, presentado este jueves, no ha podido ser más claro en su análisis del estado de la cuestión educativa en España: ““El encadenamiento de leyes educativas no ha supuesto una notable mejora de la educación”, sentencia.

Aunque el informe data de noviembre, no hay duda de que encaja a la perfección su presentación en tiempo y forma nada más conocerse el fiasco que ha supuesto el último informe PISA, que ha puesto patas arriba el nivel que se creía tendría la última generación de estudiantes en aspectos que los autores del trabajo académico presentado hoy han señalado sin tapujo alguno.

De entrada, a modo de aviso para navegantes, ya en la página 3 de las 55 que suma el análisis se exponen lo que la RAE llama “carencias objetivas” que, asegura, “se detectan desde hace tiempo en los jóvenes en lo relativo a su comprensión lectora, su fluidez verbal, su manejo del léxico y de la sintaxis, su capacidad expresiva y argumentativa (sea oralmente o por escrito), así como a otros aspectos esenciales del uso del lenguaje y del conocimiento de su lengua materna”.

Como también “las carencias similares que se detectan en el conocimiento y manejo de las lenguas cooficiales, cuando coexisten con el español, así como de las lenguas extranjeras” o “la marginación de las lenguas clásicas en los currículos actuales”, “las dificultades patentes que se constatan para conseguir que los estudiantes se interesen por la literatura, sea clásica o moderna, así como para que adquieran y desarrollen el hábito de la lectura”, “la importante renovación de los modelos didácticos que ha tenido lugar en los países occidentales en los últimos años y su profunda repercusión en la enseñanza” y “las transformaciones producidas por los progresos de la tecnología digital y sus efectos, tanto didácticos como sociales”.

Pero hay más. No queda ahí la cosa. La Real Academia también pone de relieve “el desconcierto que se observa entre el profesorado en lo relativo a la forma en que debe llevar a cabo su labor, a la aplicación en las aulas de los nuevos planteamientos didácticos y, especialmente, a la manera en que los diagnósticos conocidos y las insuficiencias experimentadas han de dar paso a soluciones viables y efectivas”, “el surgimiento del multiculturalismo y la diversidad en nuestras aulas, así como los programas que su indispensable desarrollo requiere” y “las consecuencias de los cambios legislativos recientes sobre los aspectos de la educación que afectan a la convivencia de lenguas en España”.

En este contexto, es cuando afirma que, “al contrario de lo que sería de esperar, el encadenamiento de leyes educativas no ha supuesto una notable mejora de la educación en nuestro país”.

Para los académicos, “son escasas las reflexiones sobre las causas que hacen necesaria, al parecer, la promulgación de cada nueva ley, sobre las lagunas de la inmediatamente anterior y, sobre todo, sobre el hecho cierto de que las mejoras reales en el nivel educativo de los estudiantes no son exactamente las que cabría esperar después de tan intenso y dilatado esfuerzo legislativo”.

Porque, a juicio de la Real Academia, las leyes educativas contienen aspiraciones “sumamente razonables”, pero, a su juicio, están, a la vez, “desconectadas en gran medida” del quehacer cotidiano de los docentes y del funcionamiento de los centros educativos.

Así, describe la RAE, aunque los textos legales mencionan gran número de habilidades, capacidades y destrezas que los alumnos deberían adquirir, sin embargo, “lo hacen omitiendo casi siempre los indispensables cambios —ni sencillos ni inmediatos— que las nuevas disposiciones conllevan en la preparación del profesorado, en la organización de las tareas de los centros docentes, en la confección de los libros de texto de cada materia o en los recursos, materiales y humanos, necesarios para llevar a cabo todas esas actuaciones”.

“De hecho”, agrega, “desde fuera de los siete Parlamentos (el nacional y los autonómicos) es difícil sustraerse a la opinión de que los legisladores se sienten relativamente ajenos al largo —cuando no tortuoso— sendero que ha de recorrerse desde la promulgación oficial de las leyes educativas hasta su aplicación efectiva en las aulas”.

Se sostiene en el informe académico que, “aparentemente, las supuestas diferencias entre partidos políticos en lo relativo a las leyes educativas se centran en cuestiones muy específicas que suelen alcanzar cierta notoriedad pública: la conveniencia de establecer o no una asignatura de Educación para la Ciudadanía, el estatuto de la materia de Religión como asignatura computable para la media del Bachillerato, las condiciones que deben establecerse para repetir curso, la implantación o supresión de materias optativas o la organización de la enseñanza privada”.

“A quienes sostengan que esas son las barreras infranqueables que condicionarán siempre cualquier acuerdo nacional sobre la educación en España”, advierte, “cabría replicarles que estos asuntos no deberían dejar de lado otros que no son de menor alcance”.

¿Y de qué cosa se trata? Pues entre estos asuntos que refiere se encuentra el de “mejorar la formación integral de los alumnos y la preparación de sus profesores, el de lograr que se potencie el esfuerzo y la creatividad de unos y de otros, o el de dedicar los medios necesarios para que los estudiantes alcancen una apropiada formación humanística, a veces postergada con el discutible argumento de su escasa utilidad”.

Cultura general, esa es la cuestión

Junto a todos estos retos, ocupa un lugar central el de conseguir que los estudiantes desarrollen una adecuada capacidad expresiva y argumentativa con la fluidez y la precisión esperables, adquieran una razonable cultura general y conformen un pensamiento crítico fundamentado.

Podría ser esto el punto y final, pero los académicos le han tomado la medida al análisis y apuntan que “cabría añadir que las diferencias reales entre proyectos políticos relativas al universo educativo no son tan marcadas como dan entender las exposiciones más simplificadoras que de ellas se hacen a veces”.

“No parece, en efecto, que existan proyectos que nieguen la importancia del estudio o de la autoexigencia, y tampoco que otros estén en contra de la universalización de la enseñanza o de la completa alfabetización de la sociedad”. Y aunque existan diferencias en las bases políticas de las propuestas conocidas, prosigue, “todas ellas deberían coincidir en la trascendencia del proyecto educativo para el futuro de cualquier comunidad”.

“Si ello es así”, desliza la RAE en su informe, “no cabe duda de que una mayor cooperación entre los partidos políticos en la elaboración de las leyes educativas anularía la inevitable sensación de provisionalidad que invade desde hace décadas a profesores y alumnos. Acabaría también con la impresión —tan descorazonadora como real en nuestros días— de que los proyectos educativos son armas parlamentarias, ocho cuando en realidad deberían constituir el germen del futuro personal y profesional de los jóvenes de nuestro país”.

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