Las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular no descartan recurrir al Tribunal Constitucional la LOSU, la última reforma de la enseñanza universitaria “ante el desasosiego, incertidumbre y preocupación generada en el sistema universitario español” tras su aprobación e irremediable implementación, afirman en un comunicado.
Representantes de los gobiernos populares, de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia se han reunido los días 20 y 21 de marzo en la capital murciana con el objetivo de analizar los efectos negativos que puede llegar a tener la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y tomar medidas coordinadas que puedan paliar los mismos.
En el comunicado conjunto, al que ha tenido acceso ÉXITO EDUCATIVO, se afirma que la LOSU supone “otro ataque al Estado, cuya muestra más evidente son las enmiendas de los partidos independentistas aceptadas en la tramitación de la Ley, y su satisfacción con la norma”.
En tal sentido, los consejeros del ramo firmantes del comunicado comparten su “preocupación” por los “efectos adversos” que esta Ley pueda provocar “durante décadas” en el sistema universitario español, “lastrando las oportunidades de nuestros jóvenes en el futuro”.
Para las CCAA que gobierna el PP, en algún caso con VOX, la LOSU es “contradictoria”, puesto que, “por un lado desregula el sistema, haciendo que se creen 50 sistemas universitarios, tantos como universidades públicas, y por otro lado coarta la autonomía de las universidades”.
Además, añaden, la LOSU “rompe el sistema universitario español perdiendo la cohesión como país y creando estudiantes a varias velocidades según donde estudien; distorsiona la carrera universitaria al posibilitar figuras similares con distintas obligaciones docentes e investigadoras; dificulta que jóvenes brillantes accedan a la carrera académica; desprestigia la figura del profesor asociado y tiende a expulsar de la universidad a grandes profesionales de la sociedad civil que aportan conocimiento y experiencia a la formación universitaria”.
En definitiva, “pone en riesgo de colapso la convocatoria de plazas de 2024 por la falta de previsión y las deficientes disposiciones transitorias”.
Es, así mismo, una Ley que “compromete la eficacia de las universidades y su relación con la sociedad”, y lo dicen desde el convencimiento mutuo de que “estamos ante una ley perjudicial para la calidad de las universidades, porque no se avanza en gobernanza, en internacionalización, en equidad entre estudiantes, ni en transferencia de conocimiento ni en la conexión de la universidad con la sociedad”.
Por ello, rechazan el precepto de la LOSU que permite, en contra de la reciente doctrina del Tribunal Supremo, “tomar posicionamiento político sobre temas ajenos al ámbito universitario”.
Además, agrega el comunicado, la Ley de Universidades “no mejora la financiación de las universidades ni incluye planes de mejora económica por parte del Ministerio”, al tiempo que recuerda que comunidades autónomas, rectores y catedráticos han expresado “las dudas sobre la constitucionalidad sobre algunos aspectos de la LOSU”. Por esta misma razón, “una vez publicada se estudiará la posible inconstitucionalidad de la LOSU”, avisan los firmantes.
Tampoco convence de la ley que “nos aleja de Europa y representa una oportunidad perdida, por lo que los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se comprometen, entre otras medidas, a coordinar “nuestros desarrollos legislativos para dar certidumbre al profesorado, estudiantes, PAS, familias y sociedad y defender la cohesión del Sistema Universitario Español”.
Para ello, explican, “seguiremos manteniendo la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) como organismo evaluador y acreditación del PDI funcionario e invitamos a las CCAA gobernadas por el PSOE a que hagan lo mismo. Así mismo, al diseño e implantación de un modelo de carrera académica que dé respuesta a las aspiraciones profesionales de nuestro profesorado, y permita retener y atraer talento”.
También se comprometen a reforzar el papel de los consejos sociales en la relación sociedad – universidad, “evitando su politización” y a apostar por la profesionalización de la gestión universitaria por el personal de administración y servicios (PAS).
“Creemos en una universidad libre y crítica, al margen de imposiciones ideológicas y adoctrinamientos políticos. Apostamos por una universidad competitiva en docencia, investigación, transferencia e internacionalización que ofrezca oportunidades a nuestros jóvenes en conexión con el tejido productivo y exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que comprometa al menos el 1% del presupuesto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) se destine a la educación superior universitaria, frente al 0,3% que se destina actualmente”.
Al respecto, proponen un PERTE Universitario para el mejor desarrollo económico y social de nuestro país y la coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno “al hacerse evidente que no se coordinan entre ellos, como es el caso de las Prácticas formativas o de las Enseñanzas artísticas superiores”.
De igual manera, deploran en su comunicado, la LOSU “no hace ninguna referencia a la Ley de la Ciencia cuando el 70% de la investigación se hace en la universidad”.
Firman el comunicado Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia; José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de la Región de Murcia; Enrique Ossorio Crespo, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, y María del Rocío Lucas Navas, consejera de Educación de Castilla y León.
